Ciudad de Guatemala, 1 dic (EFE).- Las autoridades migratorias informaron este viernes que tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que perdieron su inmunidad anoche por decisión del Congreso, se encuentran fuera del país .
El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a periodistas que los magistrados Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco no están en el territorio guatemalteco, de acuerdo a sus registros. Sin embargo, las autoridades no precisaron en qué momento salieron ni su destino.
Rojas, Aguilera, Franco y la magistrada Irma Palencia, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, quedaron sin inmunidad en la noche del jueves por decisión del Congreso, para poder ser investigados por la supuesta compra ilegal de un equipo de cómputo de datos no oficiales, utilizado en los comicios celebrados este año.
De acuerdo con la Magistrada presidenta Blanca Alfaro, Rojas y Palencia se encuentran con permiso de vacaciones mientras que Franco y Aguilera solicitaron una licencia pero no se descarta que también las soliciten.
El mismo Franco indicó esta semana en una entrevista que no dejaría Guatemala. «Yo me quedo en el país definitivamente, yo no tengo por qué salir huyendo. Realmente, si bien es cierto, es una cuestión que de jurídico tendrá un 25 por ciento, la cuestión es política», dijo.
Los cuatro magistrados fueron desaforados con el voto de 108 de los 160 legisladores que componen el Congreso.
El diputado de oposición Orlando Blanco denunció que la acción fue ordenada por golpistas que buscan colocar nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para revertir el triunfo en los comicios del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
La acusación en contra de los magistrados es por abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, por una investigación del Ministerio Público (MP) luego de la denuncia de Karen Fisher y Giovanni Fratti.
La Fiscalía ha asegurado que existen «irregularidades» en la compra de un sistema de transmisión de resultados electorales que funcionó en los comicios generales del 25 de junio y en el balotaje del 20 de agosto.
Desde julio, la Fiscalía ha intentado revertir el triunfo en las urnas del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Movimiento Semilla.
Arévalo de León aseguró el pasado 1 de septiembre que la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, lleva a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura.
