El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval aseguró durante una entrevista en Con Criterio que las últimas acciones del Ministerio Público (MP) es “un plan para desmantelar todos los logros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la FECI”.
Agregó que, así como desmantelaron a la Comisión y la Fiscalía, “ahora van tras los casos”, anulando los acuerdos de colaboración eficaz con Edgar Cristiani, Juan Carlos Monzón y en el caso Odebrecht.
Explicó que los colaboradores eficaces se han “arrepentido de cometer los hechos” y como muestra de ello, han dado los detalles de lo ocurrido y aportaron pruebas, sin embargo, el MP no está cumpliendo con los convenios, por lo que pone en riesgo los casos al ponerse “muy quisquilloso al revisar formalidades”.
Sandoval catalogó como un verdadero atropello, ya que las mismas personas que ofrecieron la información, ahora se vean perseguidas por sus declaraciones, e indicó que la única manera de finalizar un acuerdo de colaboración eficaz es que en una sentencia se establezca que una información otorgada es falsa o no cumpla con los acuerdos establecidos en el mismo acuerdo.
“Hay personas que me han dicho que saben sobre sobornos a funcionarios, pero no se atreven a denunciar con el MP porque saben que no van a investigar y por el contrario, les van a perseguir por dar esa información, que es lo que está ocurriendo con los colaboradores”, compartió Sandoval en dicha entrevista.
Asimismo, dijo que ya no se puede denunciar la corrupción, pues se está beneficiando a los políticos y se está perdiendo la confianza en el sistema de justicia, y cuestionó a quiénes responden los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si a Alejandro Sinibaldi (involucrado en el caso Odebrecht) o al presidente Alejandro Giammattei.
Recordó que con la anulación de los acuerdos en el caso Odebrecht, se estaría eliminando el fundamento legal para la extinción de dominio de 23 bienes inmuebles, 4 helicópteros y 8 cuentas bancarias identificadas como propiedad de Sinibaldi, quien podría reclamar el derecho sobre las mismas.
