El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en exilio, Juan Francisco Sandoval, participó en la 55 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, en donde expuso que para mejorar la situación del sistema judicial, “es necesaria la salida de la actual fiscal de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta”.
Sandoval manifestó que el nuevo Gobierno ofreció mejorar la situación del Sistema Judicial en Guatemala, sin embargo, para que esto ocurra es necesario que Porras dejé deje su cargo como jefa del Ministerio Público (MP).
Es de recordar que el presidente Bernardo Arévalo pediría la renuncia de la Fiscal General, pero que hasta la fecha, como Presidente no ha hecho una solicitud formal. Porras ha reiterado que no dejará el cargo hasta cumplir con su mandato legal establecido.
Durante su participación en la 55 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sandoval recordó que a partir de la salida de la CICIG en septiembre de 2019, quedaron en gestión más de 100 casos que involucraron estructuras criminales integradas por la alta clase política del país, el crimen organizado y miembros de la élite empresarial.
“Consuelo Porras como Fiscal General, inició la obstrucción de las investigaciones y el amedrentamiento contra personal fiscal de la FECI, en contubernio con organizaciones de ultraderecha como la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), emitieron órdenes de detención contra funcionarios púbicos como Virginia Laparra, Samari Gómez, Siomara Sosa, Allis Morán, Paola Escobar, Willy Racanac, Rudy Herrera, Carlos Videz y citados a primera declaración Amy Girón, Fernando Aldana y Andrei González, Jordan Rojas. En contra mía se interpusieron más de 100 denuncias penales con 6 órdenes de captura vigentes y trámites para mi extradición, pese a mi condición de asilado político en los Estados Unidos de América”, evidenció.
Según el exfiscal, Otro desafío en el país, es la elección de altas cortes, para lo cual, será esencial la veeduría internacional, así como el apoyo para resolver la situación jurídica de todos los que han sido indebidamente criminalizados.
