¿Con cuánto desprecio han de verse los efectos originados de las decisiones unilateralmente tomadas por los Estados Unidos de América para cancelar la visa de una persona de nacionalidad extranjera? ¿Cómo intervencionismo o como decisión soberana acorde a su sistema jurídico? ¿Cuán válido es decir que “son ellos, los gringos, quienes se perderán de mi presencia”, como afirman frecuentemente algunos de los sancionados? Y los terceros cercanos al sancionado ¿deberán, prudentemente, poner sus barbas en remojo?
Es innegable que la supresión de la visa de ingreso al territorio estadounidense conlleva una sanción de carácter personal, individual, para el afectado; pero sus efectos también suelen afectar al cónyuge y a sus hijos menores de edad. Vista desde esta limitada perspectiva, el efecto de la sanción estadounidense pareciera ser “controlable” en cuanto a sus daños para el afectado. Podrá viajar a países extranjeros, siempre que su ruta no pase por territorio estadounidense y podrá continuar haciendo su vida normal… ¡Peores son las sanciones financieras! dicen algunos. Además, los interesados podrán contratar los servicios de abogados especializados en la materia que, eventualmente lograrán revertir la sanción y obtener una nueva visa.
Pero, aparte del problema individual y familiar que conlleva esta medida, es conveniente analizar otras aristas que implica esta sanción a mediano o a largo plazo. Menciono, a título de ejemplo: ¿puede un guatemalteco que ha sido privado de su visa estadounidense por la imputación de determinados cargos que le formula un gobierno extranjero, optar o no a cargos públicos en Guatemala, sean o no elección popular?
Conozco casos de personas que, en el pasado, habido sido privadas de su visa estadounidense y que lograron, no obstante, ser inscritas como candidatos a cargos de elección popular y, además, ganaron la elección: llegaron a ser diputados al Congreso de la República. También de casos de personas que con el mismo problema lograron ser nombradas para ocupar diversos cargos públicos, inclusive Embajadores. ¿Habrá cambiado este grado de tolerancia o de indiferencia? Pienso que, hoy en día la situación es diferente. Gracias a las redes sociales –que han sensibilizado en alto grado a la ciudanía— se reduce cada vez más el margen de tolerancia y permisibilidad para que ocurran estos casos. Y resultarán más visibles para aquellos casos en que se involucren procesos electorales de cualquier clase.
La privación de la visa estadounidense a cualquier ciudadano guatemalteco –sea para los Guatemaltecos o para cualesquiera otros casos— conlleva un mensaje político general que comienza por manifestar cierto grado de desconfianza hacia el sistema de justicia local: ¿por qué no ha sido acusado ni procesado por las autoridades guatemaltecas? Contiene, además, una severa admonición dirigida a todas aquellas otras personas que se encuentran en las mismas o en parecidas circunstancias a las de la persona afectada con la privación de su visa estadounidense. A esto se suma la incertidumbre para estos terceros –potenciales candidatos a la privación de la visa— les significará su revocatoria o la inelegibilidad para obtenerla cuando la noticia se haga pública.
En las actuales circunstancias es conveniente que todas aquellas personas que se hayan postulado para ser electos o reelectos a la magistratura, tomen muy en cuenta que, conforme al artículo constitucional 113: (i) todos los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y (ii) que para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de (1) capacidad, (2) idoneidad y (3) honradez. Deberán también ponderar que si bien la jurisprudencia ha venido afinando, cada vez con mayor precisión, los elementos constitutivos de estos requisitos, el concepto de “honradez” es el que sigue presentando más dificultad para conceptualizarlo jurídicamente por cuanto que se trata de un concepto indeterminado, motivo por el cual es el que con mayor facilidad puede obstruir cualquier candidatura. Y por si lo anterior fuese poco, también habrá que tomar en cuenta que la Unión Europea actualmente elabora un régimen sancionatorio sobre bases parecidas a las estadounidenses en los próximos meses.
