Ciudad de Guatemala, 16 oct (EFE).- Al medio día de este lunes, se contabilizaban 32 bloqueos en el territorio nacional, tras las manifestaciones convocadas el 2 de octubre pasado por organizaciones indígenas, en rechazo a la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
En la capital del país continúa la protesta frente a la sede del Ministerio Público, donde unas 400 personas pernoctan desde el 2 de octubre para exigir la renuncia de la Fiscal General.
Las manifestaciones fueron convocadas el 2 de octubre por la organización indígena 48 cantones del departamento de Totonicapán, en el oeste de la nación.
El llamado de los 48 cantones tuvo eco en la población y en los últimos 10 días gran parte del país se paralizó comercialmente debido a los cortes de carreteras.
Las autoridades indígenas y ciudadanos exigen que Porras dimita de su cargo, acusada de intentar revertir los resultados de los comicios del pasado 20 de agosto, donde resultó electo Bernardo Arévalo de León.
La paralización de las actividades ha generado millonarias pérdidas, de acuerdo a las cámaras empresariales, comerciales y exportadoras, entre otras.
Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores, solo su gremio ha acumulado más de 300 millones de dólares en pérdidas por no poder enviar sus productos al extranjero, entre otros motivos.
El pasado jueves, los dirigentes indígenas y el presidente Alejandro Giammattei, sostuvieron un encuentro sin mayores soluciones a las manifestaciones.
Sin embargo, el sábado, los 48 cantones de Totonicapán señalaron al mandatario de intentarlos intimidar con acusaciones falsas.
«Advertimos al presidente Giammattei que no solo no consigue atemorizarnos, sino que al contrario nos fortalecen y nos lleva a la reflexión que el verdadero problema de Guatemala en esta crisis no es Consuelo Porras, es usted como comandante en jefe del pacto de corruptos», expusieron en un comunicado.
El 1 de septiembre, Arévalo acusó a Porras Argueta de llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura en enero de 2024.
