La Convergencia por los Derechos Humanos aseguró que la renuncia del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez «es una vergüenza para el sistema de justicia de Guatemala», y lamentó que haya tenido que dejar su cargo por presiones y amenazas en su contra.
«La renuncia del Juez Miguel Angel Gálvez, es una vergüenza para el sistema de justicia en Guatemala. Lejos de proteger a quienes han sostenido el estado de derecho, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido escudo de la corrupción y la impunidad», señaló la Convergencia por medio de un comunicado.
Asimismo, indicaron que el sistema de justicia pierde un funcionario valioso, honesto, capaz y dedicado al fortalecimiento del estado de derecho.
La Convergencia recordó que el juez Gálvez, así como la jueza Erika Aifán, ahora en exilio, en reiteradas ocasiones informaron de la situación de riesgo que enfrentaban. «La CSJ no solo desatendió tales llamados sino que facilitó la criminalización, la difamación y el hostigamiento de que han sido objeto y protegió a sus agresores», se lee en el referido comunicado.
«Desde la Convergencia por los Derechos Humanos, lamentamos la renuncia del juez Gálvez y le hacemos llegar nuestra solidaridad y agradecimiento por su trabajo impecable», indicaron.
Por ello, hicieron un llamado a la sociedad guatemalteca a levantar la voz, promover la organización, las alianzas y la movilización necesarias para recuperar los derechos que hoy por hoy están conculcados por quienes desde la alianza criminal han asaltado la democracia.
Gálvez denunció amenazas luego de enviar a juicio y resolver que implicados en el caso Diario Militar permanecieran en prisión preventiva.
“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”, dijo Gálvez en un mensaje publicado en sus redes sociales al anunciar su renuncia.
Otros de los casos que estuvieron a cargo de Gálvez son La Línea, en el que envió a prisión al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y otros funcionarios implicados; así como Cooptación del Estado, Sepur Zarco, entre otros.
