El juicio contra la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González fue catalogado como una represalia por su trabajo como abogada de derechos humanos, por la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.
“El caso de Claudia González parece ser el último de una serie de casos similares dirigidos contra jueces, juezas, fiscales, abogadas y abogados que han trabajado en casos de corrupción o derechos humanos en Guatemala”, dijo la Relatora Especial.
Asimismo, expresó su gran preocupación por el patrón de procesos penales contra personas operadoras de justicia como resultado de su trabajo en casos de corrupción o violaciones de derechos humanos en el país.
Por lo que pidió a las autoridades que tomen medidas urgentes para garantizar la protección de jueces, juezas, fiscales, abogadas, abogados y otros funcionarios judiciales.
González fue detenida el pasado 28 de agosto durante un allanamiento que coordinó el Ministerio Público en el domicilio de la profesional del derecho.
Es acusada del delito de abuso de autoridad, sin embargo el caso fue declarado en reserva.
«Se está abusando del derecho penal para atacar a las y los operadores de justicia, las mismas personas que protegen y garantizan los derechos humanos, fortalecen el Estado de derecho y luchan contra la impunidad en el país», agregó Satterthwaite.
Además, agregó que los abogados desempeñan un papel vital en la defensa del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, por lo que, “su trabajo es esencial para la confianza pública en la administración de justicia y para garantizar que todos tengan acceso a la justicia”.
