El Movimiento Pro Justicia realizó un análisis de la prórroga indefinida de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, al cumplir tres años sin renovación de mandatos, en el que aseguró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha perdido legitimidad y legalidad ante prórroga de funciones.
“La no elección de magistrados ha generado desgaste, incertidumbre jurídica y problemas de legitimidad en el nombramiento de otros funcionarios del sector justicia”, indicó Pro Justicia en su análisis.
Asimismo, señaló que la prolongación indefinida de las actuales cortes ha socavado la independencia judicial, ya que los magistrados pueden verse compelidos a emitir resoluciones complacientes con el Congreso de la República o con la alianza oficialista con el único propósito de mantenerse en sus puestos.
Mientras que, pese a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Legislativo realizó los procesos de elección de los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del nuevo Procurador de los Derechos Humanos, por lo que asegura que si los legisladores tuvieran la “voluntad” de conformar las Cortes, “por lo menos hubieran elegido a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, procedimiento con menor complejidad que el salas de apelaciones”.
También indicó que existe un posible incumplimiento por parte del Ministerio Público, al inobservar uno de sus objetivos principales establecidos en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al ser el ente encargado de velar por el estricto cumplimiento de la ley vigente, y en este caso dejan pasar el incumplimiento de deberes y desobediencia de los diputados al no elegir magistrados.
“Aunque no hay intenciones de elegir por parte del Congreso, ni de deducir responsabilidades por parte del Ministerio Público, a criterio de diputados opositores se tendría que separar de una eventual investigación a los congresistas que han insistido en priorizar el tema y ponerlo en un lugar privilegiado en la agenda legislativa, de los que tienen la clara intención de no elegir, como parte de la estrategia de la alianza oficialista de mantener cooptados los tres poderes del Estado”, se lee en el análisis de Pro Justicia de la prórroga indefinida de los Magistrados del Poder Judicial.
Resaltó que la integración de las cortes ha sido compleja desde el momento de la elección de magistrados en el 2014 derivado de amparos, escándalos por presiones a funcionarios judiciales, investigaciones de hechos criminales en el Organismo Judicial, renuncias y fallecimientos.
Ante el retraso en la elección de Magistrados para integrar las Cortes, Pro Justicia señaló que han discutido cómo viabilizar la votación tras la sentencia de amparo dictada en mayo de 2020 y sobre quiénes son los encargados de iniciar acciones para que se cumpla con este objetivo.
- El Ministerio Público, como actor principal tiene la legitimación activa para procurar una debida ejecución de la sentencia, por ser la Fiscal General quien promovió el amparo por la elección de Magistrados y por tener como fin principal de velar por el estricto cumplimiento de las leyes y le corresponde el ejercicio de la acción pública.
- Al Procurador de los Derechos Humanos, accionar para que la elección de Magistrados se realice y garanticen justicia independiente y oportuna que resguarde derechos y libertades.
- El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y universidades, como entes de un amplio conocimiento de las repercusiones que conlleva la elección extemporánea de Magistrados.
- Organizaciones de la sociedad civil, como electora de primer grado en el marco de la vigilancia y control sobre sus representantes, responsables de las elecciones de segundo grado.
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