Alianza por las Reformas presentó una acción de inconstitucionalidad en contra el Acuerdo 22-2020 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que designó un juzgado exclusivo para conocer casos de corrupción cometidos por funcionarios.
El Acuerdo asigna al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala para “conocer con exclusividad” todos los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos.
De acuerdo con la Alianza, “dicho Acuerdo viola el artículo 12 de la Constitución Política de la República porque ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén prestablecidos legalmente”.
Asimismo, asegura que la CSJ no tiene la facultad para crear tribunales especiales, ya que la esta competencia le corresponde exclusivamente al Congreso de la República, como ha ocurrido con los tribunales especializados de Mayor Riesgo y los tribunales de femicidio que se crearon a través de una ley. “Además, el Acuerdo viola el artículo 203 sobre la independencia judicial, y el derecho de todo persona a ser juzgadas por un juez objetivo, imparcial e independiente”.
Segú n la Alianza por las Reformas, consideran que “la intención de la CSJ es nombrar jueces ad hoc para favorecer a funcionarios señalados de corrupción o perjudicar a fiscales, jueces y otros funcionarios con base a denuncias maliciosas o infundadas”.
Agregó que esto representa una clara violación a la igualdad ante la y puede ser utilizado como un instrumento de impunidad o un mecanismo para juzgar maliciosamente a fiscales y jueces como represalia por su labor independiente. Por lo que esperan que la Corte de Constitucionalidad deje sin efecto “esta disposición arbitraria”.
