Organizaciones de Sociedad Civil presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 8-2023, que reforma el Decreto 17-73, Código Penal y el Decreto 21-2006, “Ley Contra la Delincuencia Organizada”, el cual aumenta las multas y endurece las penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas en Guatemala.
“Hemos presentado una Acción de Inconstitucionalidad acompañados por el Bufete para Pueblos Indígenas contra el Decreto 8-2023 que reforma al Código Penal, el cual criminaliza a las organizaciones, a la organización comunitaria que apoya únicamente los intereses empresariales”, dijeron las organizaciones.
Aseguraron que se está cometiendo una “gran injusticia” a través de las leyes, por lo que exigieron que la Corte de Constitucionalidad admita para su trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron este lunes y proceda a la petición que han planteado.
“El Decreto 8-2023 contraviene con leyes internacionales, tratados y pactos que el Estado de Guatemala ha firmado, por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, entre otros, los cuales se están violando”, señalaron.
Esta iniciativa es considerada por las organizaciones como nociva, pues busca criminalizar a quienes reclaman derechos y no contra quienes perjudican a la población con estos servicios. «Presta a criminalizar a la población más pobre, se criminaliza la incidencia y la oposición por parte de los sectores empresariales» expresaron.
«Es incostitucional, viene a generar nuevos tipos penales, problema que ha generado el mismo Estado», Puntualizaron.
