Las organizaciones Alianza por las Reformas, Acción Ciudadana e Impunity Watch presentaron una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Misión Especial de ese organismo, que visitó el país en enero de este año, luego que el presidente Alejandro Giammattei, invocara la Carta Democrática Interamericana.
En la misiva, las organizaciones indicaron que el 12 de enero del presente año, la Misión Especial, enviada a Guatemala y encabezada por Fulvio Pompeo, emitió un informe derivado de la petición realizada por el Gobierno de Guatemala a su persona, invocando el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana. “En dicho informe se constataron diversos hallazgos que manifiestan las preocupaciones de la gran mayoría de la población guatemalteca; y a su vez se formularon recomendaciones con medidas específicas que permitan generar confianza y constituirse en un esfuerzo continuado de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala”.
Sin embargo, las preocupaciones sociales a la fecha continúan siendo las mismas o aún más agravadas, señalaron. “En el mes de noviembre del presente año se aprobó el presupuesto de la nación para el año 2022, en medio de serios señalamientos de corrupción y el resguardo del Palacio Legislativo por agentes de la Policía Nacional Civil para impedir y reprimir las manifestaciones sociales que pudieran ocasionarse. Obviando con ello dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas respecto a los mecanismos de transparencia y participación ciudadana, así como la atención prioritaria de los sectores más vulnerables de la población”.
Las organizaciones manifestaron que, “continua la omisión legislativa respecto de la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, lo cual constituye un serio atentado contra la institucionalidad democrática del país, al prorrogar de facto las funciones de quienes actualmente ocupan dichos cargos”.
De acuerdo con la carta enviada al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se continúa reprimiendo la protesta social y el Ministerio Público se enfoca en criminalizar a los participantes de las protestas, pero mantiene impune las acciones de la cúpula policial que cometieron agravios en contra de la población civil en el mes de noviembre de 2020.
“Con ello se ignora la recomendación realizada respecto de que las investigaciones del Ministerio Público sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones públicas sean serias, imparciales, prontas y efectivas”, refiere la carta.
Asimismo, señalaron que no existen mecanismos de diálogo ni interlocución multisectorial, contrario a ello se promueven reformas legales que criminalizan el derecho de asociación de la población, se criminaliza la labor de los/las periodistas independientes, críticos del actuar gubernamental tanto en el ámbito nacional como local.
“La publicación de constantes notas periodísticas sobre actos de corrupción en el sector público, la falta de atención del MP para diligenciar de manera pronta y objetiva a las denuncias que le son presentadas, demuestran que la percepción sobre corrupción e impunidad va en aumento”, manifestaron las organizaciones en la misiva.
Además, indicaron que la situación del Estado de Guatemala es incluso peor que la identificada por la Misión Especial de la OEA en su visita a Guatemala en el mes de enero del presente año y, que las preocupaciones continúan no solo vigentes, sino que no han sido atendidas las recomendaciones realizadas en el informe de referencia.
En virtud que dicho informe establece que: «La Secretaría General de la OEA se mantendrá pendiente de la situación en Guatemala y de las medidas adoptadas para garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país con base en las recomendaciones emanadas de este informe», “solicitamos, respetuosa y enfáticamente a su persona que con fundamento en el mandato establecido, se brinde adecuado seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Misión Especial y se determine la situación actual del Estado de Guatemala respecto de su gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional”.
Por último, “derivado de la presente petición se esperarían acciones que permitan prevenir que se genere una conflictividad social, lamentablemente promovida desde los responsables de la institucionalidad pública en contra de la población y, peor aún, contraria a los valores democráticos y de auspicio al desarrollo incluyente y participativo, tal como se provocó la atmósfera de confrontación de hace un año, mismas que motivaron al Presidente de la República de Guatemala a invocar la Carta Democrática Interamericana”.