Acción Ciudadana, Transparencia Internacional y la Red Nacional de Colectivos y Comisiones de Transparencia y Probidad presentaron acciones legales en contra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por el colapso de la red vial del país.
«Preocupados por la negligencia y la gran corrupción con que se ha manejado la infraestructura vial del país, hemos tomado la decisión de accionar legalmente contra el CIV», refiere un comunicado de dichas organizaciones.
Según éstas organizaciones, en los últimos meses se ha evidenciado un aumento sin precedentes del presupuesto destinado al mantenimiento de las carreteras del país, ampliaciones presupuestarias que con la aprobación del Estado de Calamidad por el Congreso, llega a la exorbitante cantidad de 5 mil millones de Quetzales.
«A pesar de las grandes cantidades de dinero que supuestamente se han invertido en el mantenimiento de las carreteras, en pocos días de lluvia se ha visto el colapso de importantes tramos de la red vial, como ejemplo: Puente Petapilla, Chiquimula; agujero en la ruta al Pacífico; Libramiento de Chimaltenango; derrumbe en San Lucas Sacatepéquez, entre otros», manifestaron.
Agregaron que, «pareciera intencional que se deje a merced del clima a las carreteras, esto para justificar la aprobación de un Estado de Calamidad que permite robar a manos llenas».
Por lo que tomaron la decisión de presentar acciones legales como:
Denunciar penalmente por la mala gestión y posibles contrataciones anómalas en las obras de mantenimiento del Puente Petapilla que comunica Zacapa y Chiquimula. Solicitud dirigida a la Contraloría General de Cuentas para verificar la gestión del hundimiento de la ruta hacia le pacífico.
«Exigimos que las autoridades locales y del Gobierno central asuman su obligación para atender la emergencia y no seguir afectando a la población y la economía de la población en general», señalaron las organizaciones.
Asimismo, exigieron al Ministerio Público ya la Contraloría General de Cuentas que, «deduzcan las responsabilidades a los funcionarios, que ya sea de forma intencional o de forma negligente, han contribuido en el colapso de red vial y sus consecuencias en el desarrollo del país».
