El expresidente Otto Pérez Molina declaró durante el inicio del juicio por el caso «La Línea» a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, en donde indicó que no existen pruebas en su contra y que el caso fue creado para prolongar la permanencia de la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) e impulsar la carrera política de la exfiscal General, Thelma Aldana.
Pérez Molina junto a la exvicemandataria, Roxana Baldetti son señalados de liderar una estructura criminal que se habría beneficiado de millones de dólares en sobornos por la defraudación aduanera, la cual fue desarticulada por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.
Dicha investigación está basada en escuchas telefónicas, sin embargo, durante su declaración, el exgobernante indicó que de 100 mil llamadas utilizadas como prueba en el caso, solamente existe una en donde se escucha su voz y 23 en donde supuestamente hablan de él.
Además, aseguró que esa escucha telefónica es ilegal, ya que en ese momento él era Presidente de Guatemala y gozaba de inmunidad.
“Ellos (la FECI), no pueden decir que fue un hallazgo inevitable, porque a mí me llamó el superintendente y me dijeron, permítame lo vamos a localizar, o sea el que estaba escuchando oyó que el Presidente iba a hablar, y yo tenía inmunidad y él ahí debió haber colgado el teléfono, pero no le importó, violando la ley se quedó escuchando al presidente”, dijo Pérez Molina durante su declaración.
Aseguró que en esa llamada no dijo nada ilegal, ya que solo estaba hablando con el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, sobre el cambio del jefe de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Según el exmandatario, lo que hablaron fue de cambiar al jefe de Recursos Humanos, y Franco le comentó que quería poner a alguien de su confianza y por eso él le respondió que, si era así, que colocara a esa persona.
“Allí no hay nada, nada ilegal. Aparte es que yo le hubiera impuesto y le hubiera dicho usted me pone a esa persona a como dé lugar, ahí sí hubiera estado infringiendo la ley, porque la SAT es autónoma”, aseguró.
Respecto a las 23 llamadas en las que se presume hablan de Pérez Molina, dijo: «Hablan del 1, hablan del dueño de la finca, hablan del mero mero en 23 de 100 mil llamadas y nunca dicen mi nombre”.
Asimismo, dijo que en la acusación que tiene se menciona que hay 500 mil correos electrónicos y no aparece él en ninguno de ellos y que van a demostrar en el momento oportuno que no aparece su nombre en ningún correo, ni comunicación ni documentos, solo un memorándum de cuatro hojas que nunca llegó y que se dice que estaba en una computadora de uno de los colaboradores eficaces del MP.
Respecto a la intervención de las aduanas aseguró que no pudo hacerlo desde adentro porque el directorio no lo permitió y él respetó la ley porque eran autónomos y por eso tuvo que hacer la intervención por afuera con entidades e instituciones que él involucró en 2013 y 2014.
Mencionó que el objetivo de la CICIG era involucrarlo en el referido caso, por lo que el MP no podrá sostener la acusación en su contra.
En el proceso hay 1 mil 571 duas (documentos aduaneros) y en la acusación le imputaron 631 al exmandatario, quien dijo dudar de la forma y los criterios que tuvieron para asignarle esa cifra.
“Esos querían quedar bien con quienes en ese momento se creía que eran los buenos del país, que tenían todo el poder como Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval. ¿Meter 631 duas en mi acusación? ¿Cómo lo van a demostrar a usted? No van a poder demostrárselo”, le dijo a los jueces.
