PDH sugiere al Ejecutivo ajustar el salario mínimo de acuerdo al costo de la canasta básica

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El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recomendó al Ejecutivo adoptar una política salarial que se ajuste al costo de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada para proteger el nivel de vida de las personas que dependen de un salario, tal como lo establece el Código de Trabajo.

“Desde 2019 el salario mínimo nominal no fue ajustado, mientras que el costo de la canasta básica alimentaria y de la canasta ampliada sufrió incrementos acumulados del 15% y del 20%, respectivamente. Eso se tradujo en un mayor empobrecimiento de las personas trabajadoras asalariadas, por la pérdida de capacidad de compra de bienes y servicios básicos”, resaltó el PDH por medio de un comunicado.

Asimismo, Rodas Andrade recordó que el Ejecutivo ajustó los salarios mínimos para el próximo año, el cual fue aumentado en un 4.75%, quedando de la siguiente manera: Q. 2,918.70 para actividades no agrícolas y Q. 2,667.30 para actividades de exportación y maquila, el cual a su criterio, “es muy por debajo del costo de la canasta básica alimentaria que, a julio de 2021, ascendía a Q. 3,054.55, y mucho mas de la canasta ampliada, cuyo valor en la misma fecha se situaba en Q. 7,054.01, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística”.

El PDH recordó que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, rigiéndose por los principios de justicia social, realismo y objetividad; por tal razón, la remuneración de la persona trabajadora deberá ser ajustada periódicamente de acuerdo a la situación socioeconómica del país, en concordancia con el derecho del trabajo decente y digno.

Por ello, recomendó al presidente Alejandro Giammattei y al ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, promover políticas laborales que fomenten el trabajo digno y decente, que garanticen a las familias asalariadas acceder a la canasta ampliada, así como tutelar en sus derechos a las personas trabajadoras, y realizar inspecciones constantes a efecto de garantizar que las entidades públicas y privadas cumplan con el pago del salario mínimo, que en muchos casos se constituye en salario máximo, además del cumplimiento de medidas sanitarias, seguridad ocupacional y derechos sindicales.

También sugirió impulsar, desde la Comisión Nacional del Salario, como entidad técnica y consultiva, un salario mínimo estandarizado para cumplir el derecho y principio constitucional de igualdad. ponderar el costo de la canasta básica alimentaria y de la canasta ampliada como criterio objetivo para ajustar cada año el salario mínimo.