En el Día del Periodista el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresó su profunda preocupación ante la censura y campañas de descrédito contra la prensa independiente que surgen muchas veces, de oficinas públicas y se han convertido en un patrón de ataque, que como en países vecinos, deriva en el reforzamiento de la intolerancia y el autoritarismo.
Asimismo, recordó que el acceso a la información pública «es un derecho universal imprescindible para el ejercicio de la libertad de opinión y expresión, así como de la libertad de prensa, y que éste, igual que el derecho a defender los derechos humanos, son fundamentales en la construcción y consolidación de una sociedad democrática».
Rodas Andrade externó su preocupación por el incremento de los ataques y agresiones contra periodistas y comunicadores sociales, particularmente contra quienes denuncian actos de corrupción y abuso de autoridad.
«En los ultimos meses, las formas más frecuentes de acoso han sido el hostigamiento penal, campañas calumniosas, amenazas, agresiones físicas y la obstrucción a las fuentes públicas de información», explicó por medio de un comunicado.
El PDH también expresó su reconocimiento a la ardua labor de periodistas, comunicadoras y comunicadores sociales que, dia a dia, trasladan información fiable sobre los eventos y procesos que impactan de manera relevante en la vida de las personas, cumpliendo una función básica de la democracia: que la sociedad esté correctamente informada.
Por tal razón, recomendó a todas las altas autoridades del Estado, «cumplir su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, e instruir a todos los niveles de la jerarquia institucional que es su deber legal abrir las fuentes de información pública y respetar escrupulosamente la labor de los periodistas independientes».
Al presidente de la República, Alejandro Giammattei, le solicitó implementar de manera urgente el Programa de Protección a Periodistas, compromiso que el Estado asumió a finales de 2012 ante las Naciones Unidas.
También pidió al Ministerio Público (MP), fortalecer la Fiscalía de Sección de Delitos cometidos contra Periodistas, para que pueda llevar a cabo la investigación y persecución pena, al fin de restituir los derechos violentados, y reforzar la formación del personal fiscal para contribuir a romper el círculo de criminalización contra periodistas y no contribuir en las acciones de hostigamiento penal contra periodistas y medios independientes, promovidas desde otros poderes del Estado.
Así como al Organismo Judicial (OJ), fortalecer la formación de jueces y juezas, magistrados y magistradas y de todo el personal que interviene en los procesos judiciales, para que comprendan cómo el uso indebido del derecho penal contra periodistas y comunicadores sociales no solo les afecta a ellos, sino debilita el Estado constitucional de Derecho, y abstenerse de participar en las acciones de criminalización de la prensa independiente.
