La Constitución Política de la República establece los requisitos para optar a un cargo de funciones públicas, aun se traten de puestos que dependen de la elección popular. El fin es que quien ocupa esas posiciones reúna criterios de idoneidad y honradez.
Contrario a ello, no pueden optar a cargo o empleo público quienes tienen impedimento de leyes específicas y en ningún caso quienes no reúnan méritos de capacidad, idoneidad y honradez como lo exige la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
Ante la debilidad de las instituciones de justicia de países con sistemas cooptados y fallidos, gobiernos como el de Estados Unidos de América, a través de su sistema legal, sanciona en diferentes niveles a ciudadanos extranjeros, ya sea en sus propias cortes o mediante sanciones.
Entre los personajes de nuestra política local que resultaron juzgados y condenados en el sistema judicial de los Estados Unidos, se cuentan Alfonso Portillo y Manuel Baldizón, entre otros.
En el caso del primero, fue absuelto en Guatemala de cargos por el delito de peculado, pero corrió suerte distinta en la justicia estadounidense, donde no solo confesó la comisión del delito de conspiración para lavado de dinero, sino fue condenado por los hechos acusados.
La acusación establecía que entre los meses de octubre de 2000 y julio de 2004 Portillo usó la banca estadounidense para transferir fondos de origen ilícito hacia cuentas corrientes en los sistemas financieros de Francia, Suiza y Luxemburgo.
¿Por qué era ilícito el dinero? Porque esos fondos fueron donados por la República de China en Taiwán al Gobierno de Guatemala para proyectos que favorecieran la educación en el país, pero resultaron desviados a las cuentas del expresidente y sus familiares.
En el caso de Manuel Antonio Baldizón Méndez ya fue proclamado en asamblea de la agrupación política a la que pertenece como candidato a diputado al Congreso de la República.
Baldizón Méndez se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos. Una vez cumplida la condena, fue deportado el 5 de octubre de 2022 a Guatemala y se encuentra procesado actualmente en dos casos de gran corrupción.
En uno de los casos, conocido como “Financiamiento Electoral Líder”, la investigación estableció que al menos Q6.5 millones del subsidio destinado al transporte público “Transurbano” fueron desviados hacia las campañas electorales del partido Líder para los años 2011 y 2015.
Para lo anterior, crearon un engranaje de empresas de cartón que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas presidenciales. Dichos fondos fueron reportarlos al TSE por medio de terceras empresas que carecían de soporte y capital financiero para ese tipo de aporte. Es decir, se declararon los fondos como financiamiento electoral lícito, cuando el origen del dinero no lo era, y todo ese sistema siguió las instrucciónes de Baldizón Méndez.
La fiscalía también señaló a Baldizón Méndez de haber recibido y lavado fondos provenientes de sobornos en acuerdo con directivos de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., hasta por un monto de US$1,3 millones, los cuales formaban parte del total de US$17.9 millones que Constructora Norberto Odebrecht, S.A., pagó en concepto de sobornos, a Alejandro Sinibaldi y Baldizón Méndez, entre mayo de 2013 hasta septiembre de 2015.
Las razones expuestas son suficientes para que la autoridad electoral tome las medidas que descarten la inscripción de estas dos candidaturas señaladas.
Pero recordemos que vivimos en Guatemala, donde las instituciones operan al inverso de una lógica democrática.
