El Observatorio de Derechos Humanos, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y el Grupo de Pueblos Indígenas y Tortura, exigen a las autoridades revocar el Estado de Sitio decretado en El Estor, Izabal.
También pidieron que se investigue de forma exhaustiva todos los casos de uso excesivo de la fuerza contra la población que defiende el medio ambiente.
“De acuerdo con la Misión de Observancia y Verificación llevada a cabo por la Convergencia por los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad hicieron un uso injustificado y desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes y la población, destacando el uso indiscriminado de gases lacrimógenos. Se documentaron, además, agresiones y restricciones a la libertad de información de periodistas que se encontraban en la zona”, indicaron en un comunicado.
Además recordaron que el Gobierno acusó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de “malinformar” a la población, tras la publicación de un comunicado de la PDH denunciando el uso excesivo de la fuerza ejercido en el desalojo y exigiendo el respeto del derecho a una consulta previa.
“Las organizaciones firmantes destacan que el proyecto minero Fénix, operado por CGN, fue implantado en el territorio sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, violando así sus derechos colectivos, tal y como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2020. Además, en julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad suspendió la licencia de explotación a la minera CGN y ordenó llevar a cabo un proceso de consulta con las poblaciones indígenas afectadas en los 18 meses posteriores a la emisión de la sentencia”, agregaron.
Por tal razón, exigieron a las autoridades revocar de manera inmediata el estado de sitio decretado y a investigar de forma exhaustiva todos los casos de uso excesivo de la fuerza, y al Estado de Guatemala, a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de seguridad ciudadana y proceder a la retirada de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad ciudadana, tal y como recomendó el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en 2018.
“El Observatorio, UDEFEGUA, CALDH, el Grupo de Pueblos Indígenas y Tortura e IM-Defensoras urgen al Estado de Guatemala a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y a poner fin a la criminalización y persecución de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente frente a las actividades de industrias extractivas que operan ilegalmente en el país”, puntualizaron.
