Más de 70 organizaciones expresaron su profunda preocupación por las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos colectivos e individuales en El Estor, Izabal, por lo que solicitaron a la Delegación de la Unión Europea abogar por esta comunidad ante las autoridades guatemaltecas.
«Desde hace quince años las comunidades indígenas han venido expresando su rechazo al proyecto minero que actualmente se encuentra en manos de la empresa Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN-Pronico), actual filial de la compañía suiza Solway Investment Group, a su vez constituida principalmente por capitales rusos, por violar el derecho a la consulta, tal y como se recoge en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado de Guatemala», indicaron en una carta dirigida al embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker.
Agregaron que esta situación ha puesto en riesgo la vida y los derechos de las comunidades indígenas del pueblo Maya Q’eqchi’, así como de periodistas y medios de comunicación independientes.
«Ante toda esta situación, solicitamos a la Delegación de la Unión Europea que, en la medida de sus posibilidades, realice un seguimiento sistemático e informado sobre la misma. Esperamos igualmente que pueda emitir un informe pormenorizado sobre estas violaciones a los derechos humanos y, específicamente, al derecho a la protesta social y a la libre información», indicaron.
Asimismo, recordaron que la propia Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha expresado su preocupación.
«Solicitamos de esa Delegación pueda trasladar a las autoridades guatemaltecas la preocupación de la Unión Europea por las violaciones y violencias que se están produciendo en El Estor y la obligación de estas por cumplimiento con los estándares internacionales de derechos humanos que deben de primar en todo estado democrático», puntualizaron.
