Organizaciones internacionales piden a Almagro informar los riesgos del proceso electoral por el uso indebido del sistema penal

Foto: Epicentro

Organizaciones Internacionales pidieron al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro que tome nota de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público (MP) y la Fiscal General, Consuelo Porras, y que informe al Consejo Permanente de la OEA los riesgos al proceso electoral por el uso indebido del sistema penal.

Dicha petición de las Organizaciones es debido a su preocupación por la insistencia del MP en obstruir el proceso electoral y socavar la democracia en Guatemala.

Recordaron que en tres ocasiones el ente investigador secuestró documentos en dependencias del TSE para “recolectar información” sobre la digitalización de las actas que acreditan los resultados electorales de la primera vuelta celebrada el pasado 25 de junio, además de haber realizado allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral, y solicitar órdenes de captura en contra de autoridades del Registro de Ciudadanos, así como información de digitadores.

“Esto muestra un patrón sistemático de hostigamiento y abuso del derecho penal por parte del MP para interferir en el proceso electoral y sembrar duda sobre la imparcialidad del TSE y los resultados electorales del 25 de junio”, señalaron en un comunicado.

Por tal razón, solicitaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien la semana pasada estuvo de vista la semana pasada, que tome nota de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público y la fiscal general Consuelo Porras, y que informe al Consejo Permanente de la OEA que persisten riesgos al proceso electoral debido al uso indebido del sistema penal.

Además, pidieron a la OEA que extienda el mandato de la Misión de Observación Electoral hasta el 14 de enero de 2024, cuando se realizará el cambio de autoridades del Ejecutivo, “previendo que después de la segunda vuelta electoral puedan continuar los actos de hostigamiento y criminalización en contra del TSE o se intente anular los resultados electorales.