Organizaciones Internacionales emitieron un comunicado para expresarse por la persecución infundada contra periodistas en Guatemala, y señalaron al Ministerio Público (MP) de persecución arbitraria contra muchos periodistas incómodos para el gobierno y grupos de poder.
Indicaron que existe un agravamiento de la regresión democrática que vive el país, luego de que el juez Jimmi Bremer aceptó la petición de la fiscal Cinthia Monterroso de investigar a nueve periodistas y columnistas de elPeriódico y Prensa Comunitaria por posible obstrucción a la justicia, a raíz de la labor crítica ejercida por los comunicadores en la cual que fiscalizan a funcionarios públicos. Así como ordenar la investigación de las finanzas de los medios de comunicación, «lo cual amenaza gravemente la libertad de prensa en Guatemala», señalaron.
«La Constitución guatemalteca y los tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito Guatemala establecen que no se puede perseguir penalmente a los periodistas derivado de sus publicaciones; sin embargo, el Ministerio Publico se ha constituido en un ente de persecución arbitraria contra muchos periodistas que son considerados incomodos al gobierno y a los grupos de poder», se lee en el comunicado.
Esto contradice el propio mandato de fortalecer y garantizar el derecho a la libertad de expresión de la prensa, reafirmado con el establecimiento de la Fiscalia de Delitos contra Periodistas de Guatemala, como lo dio a conocer en octubre de 2019 la Jefa del Ministerio Público, Maria Consuelo Porras, agregaron.
Además, recordaron que la libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democratica. «En este sentido, se debe resaltar la labor de las personas periodistas, ya que juegan un rol esencial al informar a la ciudadanía sobre procesos judiciales donde se alegan violaciones a derechos humanos y realizar críticas al desempeño de autoridades o particulares con exposición pública», indicaron.
Por ello, instaron a las instancias multilaterales así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las Relatorías de Libertad de Expresión, tanto de la CIDH como de las Naciones Unidas, a que rechazen los actos antes mencionados, y que activen mecanismos de protección legal y física para los periodistas y columnistas afectados.
Y recomendaron a estas instancias a que visiten el país para constatar las graves violaciones a la libertad de prensa y los derechos humanos que estan ocurriendo.
