La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite aseguró que las acciones penales contra la exfiscal Virginia Laparra y el exjuez Miguel Ángel Gálvez «son un ataque al estado de derecho y una represalia contra su trabajo de derechos humanos y anticorrupción».
“La criminalización de la señora Laparra y las amenazas contra el juez Gálvez son un ataque al estado de derecho”, dijo Satterthwaite. Asimismo, expresó su preocupación por las irregularidades en el caso de Virginia Laparra y su detención prolongada en condiciones que pueden poner en riesgo su salud y seguridad.
La Relatora Especial de la ONU instó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra Rivas y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, y proteger la independencia de los jueces y fiscales del país.
Laparra, exfiscal anticorrupción, se encuentra en prisión preventiva por dos procesos penales que enfrenta por su labor como fiscal en Quetzaltenango. Estos procesos se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva, aseguró Satterthwaite.
Mientras que el exjuez Gálvez enfrenta antejuicio que busca revocar la inmunidad de persecución indebida de la que goza.
Dentro de los casos que estuvieron a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez se encuentran principalmente de corrupción, crimen organizado y el conflicto armado interno.
En mayo de 2022, el juez Gálvez dictaminó que nueve militares y policías guatemaltecos acusados de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, asesinato y tentativa de asesinato serían juzgados por su presunta participación en el caso conocido como Diario Militar.
Por su parte, la experta de la ONU dijo que como resultado de presidir el caso de alto perfil, el juez Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, quien recientemente renunció a su cargo.
“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.
La relatora también recordó que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben estar sujetos a medidas penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones legales, y que los fiscales no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción.
“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo.
Por ello, instó a las autoridades a garantizar que las personas que trabajan en el poder judicial no sufran ataques y represalias por su trabajo o por su género.
“Las autoridades de Guatemala deben actuar para consolidar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala protegiendo a todas las y los operadores de justicia”, puntualizó Satterthwaite.
