El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su profunda preocupación por las repetidas y crecientes intimidaciones, hostigamientos y represalias contra funcionarios de justicia y otras personas involucradas en los esfuerzos para combatir la impunidad por violaciones a los derechos humanos o contra quienes trabajaban en casos de lucha contra la corrupción.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos sean los que están siendo perseguidos y procesados», afirmó Türk.
Asimismo, señaló que, «son preocupantes los ataques contra quienes intentan combatir contra uno de los peores virus que afligen a cualquier sociedad: la corrupción».
Funcionarios de justicia y otras personas implicadas en la lucha contra la impunidad o en procesos anticorrupción han sido investigados, detenidos, acusados e incluso condenados por abuso de poder, obstrucción a la justicia y conspiración. Además, varios otros han abandonado el país temiendo por su seguridad.
Entre los años 2021 y 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala documentó un aumento de más del 70 % en el número de funcionarios de justicia que sufren intimidación o se enfrentan a cargos penales por su trabajo en casos de corrupción o de violaciones de derechos humanos, en particular los ocurridos en el contexto del conflicto armado que tuvo lugar entre 1960 y 1996.
El pasado 16 de enero, el Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche anunció órdenes de captura contra tres funcionarios de justicia. Uno fue miembro del personal de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por la ONU encargado de investigar y enjuiciar delitos graves en el país.
Entre 2007 y 2019, la CICIG apoyó al sistema judicial nacional a tratar más de 100 casos de alto perfil de presunta corrupción y otros delitos penales que involucraban a funcionarios del Gobierno, miembros del Congreso y de las Cortes, y varios individuos del sector privado.
Tras la disolución de la CICIG han aumentado los casos de hostigamiento y acusaciones penales contra sus antiguos funcionarios y fiscales.
«Estos procesos judiciales y la falta de garantías al debido proceso socavan el estado de derecho en todo el país», afirmó el Jefe de Derechos Humanos de la ONU.
«Pido a las autoridades que tomen las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionen la protección necesaria a los funcionarios de justicia», puntualizó.
