En un Estado democrático, en donde el orden constitucional y los derechos fundamentales, también son límites al ejercicio del poder, se reconoce que no se es libre por tener privilegios, sino porque los derechos les pertenecen a todas las personas, y estos, pueden ejercerse sin más limitaciones que las necesarias para la convivencia armónica y socialmente estable. Por ello, en innumerables ocasiones he escrito que la Constitución ya no es exclusivamente un programa político para el ejercicio del poder, sino una fuente de derechos para las personas, así como un programa político y jurídico que permite defender aquel orden constitucional y aquellos derechos fundamentales.
A las personas nos pertenece el derecho inherente a ser parte de una organización política, es decir, el derecho a que nos asociemos a una organización en donde los intereses sean afines, así como la propuesta ideológica sea propia a cada uno de nosotros. En su artículo 223 la Constitución guatemalteca garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Pero esto no es suficiente para garantizar un régimen de participación política, puesto que se debe garantizar que estas organizaciones, en el momento de la competición electoral, cuenten con reglas y condiciones adecuadas a que las libres ideas, propuestas ideológicas, así como las libres voluntades para ejercer el derecho de elegir y ser electo, sean viables.
En esa construcción política y jurídica, el régimen jurídico constitucional guatemalteco, crea una Ley Electoral y de Partidos Políticos, a través de la cual, se dictan las normas que deben ser observadas para esas organizaciones a las cuales tenemos derecho de pertenecer y, por tanto, tienen el derecho de existir. A su vez, en donde se establecen normas que permiten dar viabilidad al proceso electoral.
El artículo 92 de dicha Ley Electoral dice claramente que, durante el proceso electoral, estas organizaciones políticas no pueden desaparecer, es decir, no pueden ser suspendidas temporal o permanentemente como instituciones legalmente reconocidas. Asimismo, regula que para que un partido político pierda legalidad, el procedimiento lo lleva a cabo el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral.
Así las cosas, habiéndose realizado la primera vuelta electoral el 25 de junio del año dos mil veintitrés, más de medio millón de ciudadanos empadronados, decidieron, entre más de veinte opciones políticas, que dos organizaciones pasan a la segunda vuelta para la Presidencia y Vicepresidencia. Una de ellas, la del Movimiento Semilla, a la cual se le intentó suspender por vía de una decisión judicial de primer grado, el cual ni era competente, ni constitucionalmente posible por lo ya expuesto.
Es evidente que quisieron dejar sin organización política al candidato Arévalo, para evitar así sus posibilidades de hacerse ganador de la Presidencia de la República para el periodo 2024-2028. ¿Quién lo intentó? Un grupo de privilegiados que se sienten libres de manipular al sistema electoral, al sistema de justicia y a la democracia misma de nuestro país. Privilegiados que se hacen, o quieren hacerse, representantes nuestros a partir de lo que ellos interpretan como libertad. Como bien se ha dicho en la historia de nuestras democracias: «El principio de representatividad que cimente la democracia republicana quedó vulnerada, como se evidencia en la crítica al elitismo democrático de Leonardo Arvitzer, y los representantes de la sociedad en realidad representaron intereses propios y de las elites de turno.»
Es por ello que la encrucijada de hoy en día se devela que no nos sometemos a los privilegios de unos que por ello se creen libres, sino a nuestros derechos, el de elegir, sí, pero el de defender un modelo constitucional y de derechos, en donde aparecen el derecho a las organizaciones políticas, el derecho de alternatividad del poder y el derecho a un modelo democrático libre de injerencias de intereses particulares o de quienes están de turno.
