La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la defensa de la exfiscal Siomara Sosa y la excomisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo solicitaron al Juzgado Tercero Penal ampliar el plazo para la investigación por el delito de colusión del que son acusadas.
Esta solicitud la realizaron el Ministerio Público y la defensa ya que la Fiscal a cargo de la investigación dio positivo a COVID-19 y porque aún falta extraer información de un teléfono celular.
La ampliación la solicitaron para un periodo de dos meses, sin embargo no ha sido resuelta la petición por el Juzgado.
La decisión de ligar a proceso penal a Sosa y Santizo la dio a conocer el juez Geisler Pérez el pasado 7 de marzo, dando cuatro meses para realizar la investigación y entregar la acusación, el cual finalizó hace seis días.
Las acusadas también fueron favorecidas con medidas sustitutivas, por lo que recobraron su libertad el 9 de marzo.
Inicialmente las abogadas fueron acusadas por el delito de obstrucción de justicia, pero el juez dictó falta de mérito por no existir indicios de la comisión de tal delito.
Por su parte, el ente investigador se opuso a la decisión del togado y los querellantes apelaron por la decisión de concederles arresto domiciliario, impugnaciones que permanecieron en el juzgado desde el 3 de marzo y fueron enviadas a una Sala de Apelaciones hasta el 3 de junio.
