El Ministerio Público (MP) envío una carta al Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, para manifestarles la preocupación del ente investigador «ante las reiteradas acusaciones infundadas y mal intencionadas que fueron publicadas en el comunicado de prensa de fecha 14 de julio de 2023, lo cual ha contribuido a que también el Congreso de los Estados Unidos se sume a los ataques promovidos por el Departamento de Estado en contra de Guatemala». Dicha misiva fue firmada por Ángel Pineda, Secretario General del MP, quién está incluido en la lista Engel como un actor corrupto y antidemocrático.
Agregó que, una de las funciones del Congreso de los Estados Unidos es la supervisión del poder ejecutivo «y aparentemente no se ha investigado lo que el Departamento de Estado ha hecho en contra de nuestro país, esto, en virtud que los hechos contradicen las declaraciones».
Además, el MP indicó que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha estado investigando y exponiendo la utilización del poder como un arma contra «enemigos políticos», y es precisamente esto lo que el Departamento de Estado ha está haciendo en contra del MP, «incluso han llegado al punto de promover informaciones carentes de veracidad intentado socavar la imagen y la función del MP de cumplir con su mandato legal y constitucional, de ser garante del estricto cumplimiento de la ley».
«El Departamento de Estado ha intentado intimidar y coaccionar a nuestros funcionarios para que no cumplan con su deber legalmente establecido al sancionar arbitraria y maliciosamente a funcionarios con advertibles fines políticos. Con dichas sanciones, su mensaje es interpretado como una amenaza a la independencia del sistema de justicia de Guatemala y posibles actos de venganza en contra de cualquier funcionario que aplique la ley correctamente», refirió dicha institución.
Las sanciones del Departamento de Estado en contra de funcionarios del MP, en cumplimiento de sus deberes, «las convierte en un ataque condenable a nuestra institución», señaló.
De acuerdo con el MP, el Departamento de Estado ha impuesto sanciones de la Sección 353 «de forma arbitraria, sesgada y motivada por intereses políticos, sin ninguna base lógica ni sustento legal. Estas acciones han violado los derechos humanos y la presunción de inocencia de nuestros funcionarios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
El MP rechazó las falsas acusaciones promovidas por el Departamento de Estado «que denotan una clara persecución ideológica y política que promueve la obstrucción de la justicia, la corrupción y la impunidad que afecta negativamente el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, causando con ello un daño irreparable a un aliado estratégico de los Estados Unidos como lo es Guatemala».
La misiva del MP concluyó en que es «oportuno invitarles a investigar las acusaciones infundadas y carentes de veracidad emitidas por el Departamento de Estado, que han causado obstrucción a la justicia e intervención ilegal en los asuntos internos de Guatemala, violentándose con ello la soberanía e independencia que caracteriza a un Estado democrático».
