El Ministerio Público (MP), a cargo de Consuelo Porras, presentó cuatro solicitudes de retiro de antejuicio contra funcionarios públicos, entre ellos el diputado de oposición Aldo Dávila, contra quien presentó dos solicitudes ante el Organismo Judicial (OJ).
La primera es por una denuncia presentada el 26 de febrero en contra del legislador por un caso de usurpación por haber obstruido la justicia de forma amenazante e intimidatoria a representantes de la Procuraduría General de la Nación, agentes de la Policía Nacional Civil y al mandatario judicial de los propietarios de los inmuebles en Santa Rosa.
«El Ministerio Público considera que la conducta del funcionario denunciado podría encuadrarse en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, obstaculización a la acción penal e instigación a delinquir», indicó el ente investigador.
La otra solicitud de retiro de antejuicio presentada en contra de Dávila es por una denuncia de un agente de la Policía Nacional Civil quien indicó haber sido agredido física y verbalmente por el diputado durante una manifestación, por lo que el MP considera que también incurrió en el delito de abuso de autoridad.
La Fiscalía de Delitos Administrativos también presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra de la alcaldesa del municipio de Parramos, Chimaltenango, Alicia Méndez González, quien es acusada de los delitos de coacción, apropiación y retención indebidas, falsedad material, falsedad ideológica, supresión, ocultación o destrucción de documentos, usurpación de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia y nombramientos ilegales.
Esto, tras una denuncia presentada por miembros del Concejo Municipal el 15 de febrero, quienes la acusan de realizar nombramiento y corrimiento de cargos de manera ilegal dentro del Concejo Municipal.
Y la cuarta solicitud fue presentada en contra del Juez Segundo del Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Quetzaltenango, Despacho «B», Nolver Oziel Fuentes Fuentes, por retardo y perjuicio ocasionado a sujetos procesales al no dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango.
El juez es acusado de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato y retardo de justicia.
«De conformidad con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicio, el Ministerio Público presenta las solicitudes de retiro de inmunidad ante los órganos jurisdiccionales competentes, para que determinen si ha lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de actos constitutivos de delito y poder iniciar así las investigaciones respectivas», puntualizó el MP.
