El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó hoy solicitudes de antejuicio contra funcionarios de los Organismos Legislativo, Judicial, y Corte de Constitucionalidad (CC), asimismo, procedió con lo conducente emitido el 29 de junio del 2020 por la CC en contra de la Comisión Permanente del Congreso de la República.
En la resolución emitida por la CC el pasado 29 de junio, certificó lo conducente al MP en contra de la Comisión Permanente del Congreso de la República, por el delito de desobediencia al no regresar un expediente de antejuicio tal y como lo solicitó la máxima Corte.
Asimismo, fue presentada la solicitud de antejuicio en contra de 92 diputados que votaron a favor del proyecto del Acuerdo para el Procedimiento de Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría, incluyendo así a profesionales con que no debieron ser tomados en cuenta.
También figura la solicitud de antejuicio en contra de 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes ilegalmente iniciaron el pasado 26 de junio el trámite al antejuicio en contra los magistrados de la CC, Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Matta Vela, Neftalí Herrera y Bonerge Amílcar Mejía Orellana.
Antejuicio contra 6 magistrados de la CC por denuncias fueron presentadas por los posibles delitos de violación a la constitución, resolución violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita revelación de información confidencial o reservada y prevaricato.
Los magistrados denunciados fueron: Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, José Francisco De Mata Vela, María Cristina Fernández García, José Mynor Par Usen y Neftalí Aldana Herrera.
El Ministerio Público indicó que estas acciones las realizan con el fin de que la autoridad competente y de conformidad con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicio sea quien determine si existen o no tales delitos, y «se determine si las denuncias recibidas han sido o no presentadas por razones espurias, políticas o ilegítimas».
Con información de Mari Cruz Chajón.
