En el informe de auditoría social del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que realizó el Mirador Electoral, evidenció exclusión y opacidad en la primera etapa del proceso electoral.
«Es la primera vez que Guatemala se enfrenta a un escenario de ‘elecciones restringidas’ de profundizarse esta tendencia, el país está en riesgo de perder el último pilar que sostiene el raquítico Estado de Derecho y Democracia en el país», indicaron en un comunicado.
El Mirador Electoral catalogó como «golpe electoral» el que el Registro de Ciudadanos y órganos jurisdiccionales «aceptaron dócilmente los argumentos insustanciales y tendenciosos que impiden participar a los binomios del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Podemos, dejando como saldo un proceso severamente cuestionado en su integridad y legitimidad».
Aseguró que la severidad y el rigor legalista aplicado en ambos casos contrasta con la laxitud y permisividad que todas las instancias han tenido con la inscripción de otras candidaturas que «arrastran y adolecen de idoneidad y hasta prohibición constitucional».
Señaló que la exclusión de ambos binomios deja un proceso limitado y exclusivo para los «permitidos» y prohibido para las opciones percibidas como amenaza. Sin embargo, se está a la espera de lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la solicitud que hicieran Thelma Cabrera y Jordán Rodas respecto a la violación del Derecho Humano de «elegir y ser electo».
Otro de los temas abordados por el Mirador Electoral es el presupuesto asignado al Tribunal Supremo Electoral para el presente año, siendo el mayor en la historia, duplicando el asignado para las elecciones 2019; solo el plan anual de compras para el 2023 es igual al presupuesto total asignado para las elecciones generales del año
2019.
«A la par de este histórico aumento presupuestario, el Tribunal Supremo Electoral ha realizado cambios a sus procedimientos internos para realizar adquisiciones de bienes y servicios para el proceso electoral 2023, resaltando la opacidad y discrecionalidad en las compras, debilitando los controles y la transparencia establecidas en la Ley de Prespuesto, Contrataciones Públicas y Ley de Acceso a la Información Pública», se lee en el comunicado.
Además, evidenciaron que durante el año 2022 las autoridades del TSE aprobaron seis acuerdos, en los que resaltan la omisión de controles, siendo lo más grave, el obviar la utilización de GUATECOMPRAS y sustituyéndolo por un sitio web para la compra por excepción durante el proceso electoral 2023.
«Llama la atención que a través del acuerdo 346-2022 se eliminan 17 pasos dentro de los procesos de compra que el TSE ya tenía establecidos, eliminando garantías de competencia y transparencia, especialmente porque se desconoce la forma en que los proveedores pueden ofertar. Esto violenta la Ley de Contrataciones del Estado», señaló.
Y agregó que ningún evento de compras por excepción realizado por el TSE ha sido publicado en la plataforma oficial del Estado. «De los eventos publicados en la página del Tribunal Supremo Electoral resalta que se han publicado 82 concursos otorgados a 30 proveedores. 27 de esos concursos no se logra establecer la modalidad de compra que se utiliza y 18 de ellos tampoco se puede establecer el estatus o la etapa en la que se encuentran, quedando los mismos en un ámbito de opacidad», puntualizó.
