En la novela de George Orwell 1984, el Ministerio de la Verdad es la entidad gubernamental garante de cualquier alteración necesaria de los acontecimientos históricos. Dicho ministerio literalmente fabrica la «verdad» que debe imperar en el Estado de Oceanía. El libro describe la adulteración de los registros históricos para que concuerden con la versión aprobada de los acontecimientos por el gobierno.
Desde que leí por primera vez la novela de Orwell, imaginaba que el autor se había inspirado en Guatemala. Aunque no ha sido así, la sociedad allí descrita me resulta muy parecida a la nuestra. Incluso se promueve en este país una especie de “neolengua”, como en la novela, que da un doble sentido a las palabras. De esta manera se fomenta el doble pensamiento, así la “verdad” se entiende según los designios del grupo hegemónico que detenta el poder.
Por supuesto en la estructura de la administración pública no existe oficialmente un ministerio de la verdad, pero vaya si aquí no se han volcado a la tarea de acomodar los acontecimientos que resultan incómodos, en una narrativa sencilla y maniquea, con el uso de un lenguaje binario que apuesta por los clásicos conceptos de comunismo y capitalismo. En este contexto quienes detentan el poder, han hecho todo lo necesario para socavar cualquier atisbo de pensamiento crítico. Claro está, no tienen ningún escrúpulo en conculcar las libertades de las mayorías, entre las que figura la libertad de expresión.
Conforme el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la libertad de expresión comprende las facultades que puede ejercer un ciudadano como titular del derecho a la comunicación y que comprende la libertad de «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción»; la libertad de «producción y creación literaria, artística, científica y técnica»; la «libertad de cátedra»; y la libertad de «comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión».
También se la puede entender como: Emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos, ideas y opiniones. En tal sentido, coincidiendo con el diccionario referido, no tendría otro condicionamiento constitucional que el de usar palabras adecuadas y no despectivas o insultantes para exponer las ideas.
Nuestra Constitución reconoce esta libertad en su artículo 35 bajo el acápite “Libertad de emisión del pensamiento”. Respecto del mismo, la Corte de Constitucionalidad ha señalado que “[…] los valores en que se apoya un sistema democrático, fundado en la libertad e igualdad, han de irradiarse a todo ámbito de actuación y decisión, tanto de gobernantes como de gobernados; por ende, las libertades de pensamiento, de expresión y de conciencia son condiciones esenciales, de ineludible cumplimiento, en un Estado que aspire a consolidar un régimen democrático. Conforme a lo considerado, el valor libertad fundamenta, a su vez, la libertad de pensamiento y de expresión, estándole vedado a los poderes públicos coartar dicho derecho fundamental mediante la imposición, a los habitantes, de prohibiciones o restricciones para expresar, defender y divulgar aquella ideología política de su libre y voluntaria elección. El sistema democrático exige garantizar a la persona la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión de sus ideas, sin limitaciones, quedando excluida, tanto la imposición de una determinada ideología, como la prohibición de proclamar aquella por la que se opte, pues ambas cuestiones atentan contra el valor libertad.” (Corte de Constitucionalidad. Expediente 1732-2014. Fecha de sentencia: 13/08/2015).
A lo antes señalado se debe considerar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado: “La Corte ha enfatizado que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, ‘es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática’. Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Carvajal Carvajal y Otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018. Serie C No. 352. Párr. 174).
A partir de los extractos de las resoluciones transcritas, se puede inferir la importancia que tiene esta libertad para las sociedades auténticamente democráticas. A contrario sensu, los regímenes totalitarios, sean de izquierda o derecha, se caracterizan por su marcada intolerancia a la libre expresión de ideas contrarias a las hegemónicas. Por ello, es característica de dichos regímenes, emprender contundentes campañas para anatemizar a sus opositores, e identificar como enemigos a los medios de comunicación que externan puntos de vista contrarios o critican y exponen, los desmanes gubernamentales.
Me parece que, desde hace algún tiempo ya, en nuestro país el ministerio de la verdad esta muy activo. Tiene cajas de resonancia en las redes sociales y en medios tradicionales de comunicación. Se encargan de esparcir sus “verdades”, demonizando a cualquier persona identificada como enemiga del estatus cubo. No conformes con difamar, promueven también la criminalización de cualquiera que exprese libremente ideas a favor del respeto de los derechos fundamentales y sus garantías.
Más nos vale recordar que ese ha sido el comienzo de los regímenes más despóticos de la historia. Los nazis, los fascistas italianos, los estalinistas, los chavistas, los regímenes comunistas se han caracterizado por destruir cualquier posibilidad de libertad de expresión y con ella la libertad de prensa. No podemos quedarnos impávidos ante la amenaza a nuestras libertades que profieren estos testaferros de la cleptocracia. Empiezan por tratar de cerrar medios impresos de comunicación, para después imponernos que pensar.
