En mayo de 2018, durante la primera conferencia de prensa que brindó Consuelo Porras a los medios de comunicación, fue preguntada por uno de los reporteros asistentes, en relación a los convenios de colaboración del caso Odebrecht; respondió que, no advertía ninguna ilegalidad, pues la fiscalía realiza peticiones y al ser aprobados los convenios por el juez, la resolución podía ser objeto de impugnación.
3 años después, ese expediente se convirtió en “el caballo de batalla” para criminalizar al personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que gestionó el caso y que permitió descubrir un entramado de negocios en una operación de soborno transnacional que involucra a políticos y empresarios guatemaltecos.
Lejos de profundizar en una investigación, de la que en su momento se procesó la primera fase y que a mi salida estaba por presentarse la segunda fase, se encausó todos los esfuerzos a perseguir a los investigadores, y a proteger a los partícipes de la operación de cohechos y blanqueo de capitales.
El 27 de agosto de 2021, el Estado de Guatemala en audiencia pública virtual sobre la solicitud de medidas provisionales durante el 143° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su representante, informó que mi destitución atendió a “la facultad de la Fiscal General, fundamentada en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en la Constitución Política de la República, para preservar el buen funcionamiento del Ministerio Público, impartiendo las instrucciones convenientes al servicio y ejercicio de las funciones.”
Esa falacia, desatiende la normativa constitucional atinente al debido proceso, contraviene derechos laborales estipulados en las leyes correspondientes, así como la normativa ordinaria atinente a la carrera fiscal, e irresponsablemente se trasladaron argumentos que trascendieron hasta un tribunal internacional.
Ese patrón se repitió el 28 de octubre de 2021, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública sobre la grave situación de derechos humanos de operadores de justicia y las violaciones a la independencia judicial en Guatemala. En la misma destacó las mentiras del representante del Estado de Guatemala, con información proporcionada por el Ministerio Público, sobre la supuesta creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, hasta agosto de 2019.
En dicha audiencia pública, fue evidente el bochorno para el Estado de Guatemala, cuando los expositores de las organizaciones de derechos humanos, presentaron ante la CIDH los acuerdos respectivos que documentan la creación de esa fiscalía desde el año 2008.
Sin embargo, la falacia argumentada por la Procuraduría General de la Nación, partió de las presentaciones públicas de Consuelo Porras, donde bajo esa premisa falsa afirmaba constantemente: “incorporé a la FECI a la estructura orgánica del MP”.
En enero de 2022, la jueza de mayor riesgo C, reprendió al Ministerio Público por las deficiencias en la imputación realizada al ex ministro de comunicaciones José Luis Benito en el caso “Libramiento a Chimaltenango”, siendo evidente para todo el público que los fiscales que manejan actualmente el caso, desconocen el contenido del expediente que era gestionado por el fiscal Eduardo Pantaleón, quien por ser incómodo para la administración de la “doctora”, fue trasladado a mediados de 2021.
En sintonía con la mala fe de las autoridades del MP, en vez de asumir los yerros en sus decisiones, aprovecharon la reprimenda de la juzgadora para montar un caso contra el fiscal Eduardo Pantaleón y condensaron en él la responsabilidad por la mala gestión del caso, por los fiscales que asumieron la investigación. En las distintas audiencias de mayo de 2022 quedaron evidenciados los artificios de la Fiscalía de Asuntos Internos.
Por las mismas fechas, el Ministerio Público presentó el caso Asodefir, que había iniciado a investigarse a raíz de hallazgos en el caso Cooptación del Estado, y al que fueron conexadas dos denuncias, una de la Fiscalía Contra la Corrupción y otra de la Fiscalía de Delitos Transnacionales, en noviembre de 2019.
Por lo menos 2570 folios de investigación se generaron durante mi gestión del caso, sin olvidar que entre marzo y octubre de 2020 por motivos de la pandemia hubo suspensión de actividades y se priorizó los casos donde hubiera detenidos.
Desde el 25 de julio de 2021 en la comparecencia en los canales del monopolio de la televisión abierta, hubo afirmaciones maliciosas de Consuelo Porras sobre retrasos en dicha pesquisa. El 2 de septiembre de 2021, cuando se montó el escenario para la emisión de la primera orden de captura en mi contra, y en una videograbación a la que falazmente el MP denominó “conferencia de prensa”, nuevamente hizo alusión al caso.
En mayo de 2022, 10 meses después de mi salida, lejos de explicar las operaciones financieras que originaron la investigación, el centro de atención de la jefa del Ministerio Público y de su alfil en la FECI, ha sido: hubo retrasos en la gestión del caso. Esto independientemente de los grandes intereses que se ciernen sobre este expediente.
En agosto de 2021 el ahijado de la fiscal general, acusó a Dennis Billy Herrera Arita, señalando en su escrito, que éste se concertó con Mynor Moto para que éste asumiera arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, para el cuál era competente la jueza Erika Aifán.
Contradictoriamente, en enero de 2022 el mismo fiscal presentó la solicitud para levantar la inmunidad de la jueza Erika Aifán, indicando en su petición de antejuicio, que la jueza no era competente para conocer de los hechos, por los que apenas 5 meses antes había acusado a Herrera Arita.
En días recientes, con el ahínco con el que se ha criminalizado a la ex fiscal general Thelma Aldana, se gestionó una tercera orden de captura en su contra. La investigación partió de la compra de un inmueble hace 20 años, y que fue valuado recientemente con el precio actual.
Ahora el caso está en reserva para la investigada, pero se conoció del contenido del expediente gracias a los aliados de la impunidad, quienes nunca serán perseguidos por esas filtraciones.
Ojalá la declaración patrimonial de la fiscal general, incluya por lo menos 10 inmuebles ubicados en Mixco, Ciudad de Guatemala y Sacatepéquez, y hayan sido declarados en la Contraloría General de Cuentas con valuaciones actuales.
Estos son algunos de los méritos con los que inicia un nuevo período en el Ministerio Público, sobre la base de mentiras, contradicciones y montajes.
