El acceso de medicamentos es uno de los ángulos que han quedado al desnudo, en el marco de la emergencia sanitaria. Desde hace algún tiempo, sabemos que en Guatemala, el acceso, los precios, como la oferta de productos son manejados de forma acomodaticia para crear un escenario generador de marcadas desigualdades. Por ello, la importancia que el estado asuma un papel interventor para al menos intentar modificar esas condiciones y favorecer que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los medios para su sobrevivencia.
Cómo es posible que el acceso a las pruebas para detectar el Covid sea tan limitado, que o se intenta ser atendido por el servicio público, se es afiliado a los servicios que ofrece el IGSS o se cuenta con un seguro médico. Con ello la mayoría de guatemaltecos no tienen acceso, si no es erogando una importante cantidad de recursos que solo una minoría cuenta.
En tiempos de pandemia, los hospitales privados han hecho su “agosto”. Incluso, varios servicios que no corresponden con la pandemia (fracturas y golpes, por ejemplo) requieren hacerse la prueba. Los seguros no son la excepción. Ciertos de ellos, cubren la prueba siempre que los resultados sean positivos. En caso contrario, el interesado debe erogar el gasto sin reembolso alguno.
Encima de todo, ahora que el Ejecutivo anunció el establecimiento de precios límite para un grupo de medicamentos, ciertos sectores defensores a ultranza del “famoso” mercado, salen a la palestra ofuscados por la decisión tomada a través del Acuerdo Gubernativo No. 130-2020 del Ministerio de Economía. A seguir defendiendo lo indefendible.
Las anormalidades en el acceso, precios, calidades y diversidad de medicamentos en Guatemala son de dimensiones descomunales. Son coyunturas, como la actual, que ponen en evidencia el tamaño y densidad de las aberrantes condiciones. A pesar que la industria farmacéutica en el país es relativamente fuerte, los vicios son producto de los carteles que allí operan, el peso que siguen teniendo operadores tipo G. Alejos, la tendencia de aprovechar las crisis para capitalizar grandes ganancias; así como la idea de hacer chinche los recursos públicos más cuando bajo el formato de Estado de Calamidad, la flexibilidad y opacidad son rasgos que ganan terreno.
El comunicado del Cacif, acorde a sus concepciones tradicionales que ninguna relación tienen con el realismo cotidiano, pierde sentido cuando precisamente la precaria calidad, el abastecimiento limitado y condicionado, la habitual carestía y el mercado negro son fenómenos de larga data, los cuales obligan a medidas como la fijación de precios tope. Lo que ocurre en Guatemala, no es producto de unos cuantos acaparadores y especuladores; sino de un sistema viciado y deformado de origen.
Renzo Lautaro Rosal
