Oscar Augusto Rivas Sánchez

El mismo día, fuimos informados de dos noticias muy lamentables: los alumnos de las escuelas públicas, nuestros niños, los futuros ciudadanos, no calificaron adecuadamente en las materias fundamentales para su formación; y la otra noticia, ese mismo día se informó que “en secreto”, el ministerio de educación había firmado un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo con el sindicato mayoritario.

Explicar lo terrible que es la primera noticia es elemental, cualquiera con dos dedos de frente lo puede entender.

Explicar lo relativo al pacto, es más complicado, pues resulta difícil entender lo que no se conoce, porque se hizo en secreto. Entonces, es mejor solo hacer algunas preguntas para formar una opinión adecuada.

Comienzo por mencionar que TENGO LA HONRA DE SER HIJO DE UNA MAESTRA; la satisfacción de haber tenido excelentes maestros y formadores, desde la infancia hasta la Universidad; en adición, fui formado siguiendo las ideas de José Martí, reconociendo, admirando, agradeciendo y viendo a los maestros como los pilares en que se fundamenta la sociedad.

Por aparte, mi respeto para los sindicatos, los veo como medios para alcanzar mejores condiciones sociales y me preocupa que por culpa de malos dirigentes, quizá vendidos, se deteriore la imagen que deben tener.

Ahora mis preguntas para la señora ministra:

  1. ¿Quién firmó el pacto? Sería el Procurador General de la Nación o usted. Si no fue el procurador, el pacto es nulo, pues no lo firmó el representante del patrono que es el Estado de Guatemala, sino alguien que no tiene facultad para tal cosa. Esto puede ser delito, que prescribe en 20 años. 
  2. ¿Se sabe cuál será la fuente de financiamiento para los incrementos económicos pactados? Este es un requerimiento que hace la Constitución y que si no se cumple, hace nulo el acuerdo y el pacto resultaría un engaño para los maestros; pero si se llegara a pagar, todos los involucrados serían responsables ante el Estado y vendrían los reparos por sumas importantes;
  3. ¿Sera que en la negociación intervinieron la Dirección Técnica del Presupuesto y el Ministerio de Finanzas? Si no hubiera sido así, no hay justificación para que se disponga del presupuesto del Estado, es decir, de nuestros impuestos; 
  4. ¿Cómo se hizo para que quienes discutieron el pacto en nombre del ministerio, no sean beneficiados por el mismo? Esto es altamente importante para evitar conflicto de intereses, no hay que poner a Drácula de cuidador del banco de sangre;
  5. ¿En la negociación intervendría la Oficina Nacional de Servicio Civil? Lo pregunto porque en cualquier negociación del sector privado, quien interviene es el responsable de recursos humanos, en el caso del estado la ONSEC.

Las interrogantes anteriores tienen el propósito de tratar de preservar el tan cacareado “Estado de Derecho”, ilustre ausente en la Guatemala actual; dar un consejo gratuito a los funcionarios públicos; y tratar de evitar una premonición que mi amigo Gustavo Porras Castejón, atribuye a otro amigo, el recordado Manuel Colom Argueta: “Los pactos colectivos en el sector público, con el tiempo atentarán contra el bien común”.