Ciudad de Guatemala, 5 feb (EFE).- La decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que ratificó el jueves la suspensión del partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, deja como independientes a 23 diputados de la agrupación política, aunque el partido del mandatario tiene confianza en revertir la situación.
El dictamen de la máxima corte del país pone en jaque a sus 23 diputados, quienes no pueden formar parte de la junta directiva del Congreso, ni tampoco presidir comisiones.
Sin embargo, la decisión de la Corte de Constitucionalidad fue emitida tras un recurso legal de un grupo de abogados independientes, por lo que, en opinión de la diputada y abogada del Movimiento Semilla, Andrea Reyes Zeceña, hay todavía recursos legales pendientes interpuestos por su partido que le podrían ser favorables.
«Calma pueblo, seguimos de pie», dijo Reyes Zeceña a través de sus cuentas oficiales.
El Movimiento Semilla cuenta con 23 de los 160 escaños que componen el Congreso, pero ha logrado en el primer mes desde su investidura un acuerdo que lo tiene como mayoría en el Parlamento gracias a alianzas con varios partidos.
Arévalo de León fue investido el pasado 14 de enero después de una fuerte persecución judicial por parte del Ministerio Público (Fiscalía), comandado por la jefa de la entidad, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de «socavar» la Justicia en Guatemala durante los últimos años.
Una suspensión polémica
La suspensión por parte del Movimiento Semilla nace de una decisión del juez penal Fredy Orellana, que decidió sancionar al partido el año pasado sin darle acceso del expediente en su contra, ni a la posibilidad de defenderse.
De acuerdo con una resolución emitida el jueves por la corte, Orellana sí cuenta con facultades para suspender al partido de Arévalo de León, como lo hizo en agosto de 2023.
El juez Orellana, sancionado también por Estados Unidos, ordenó la suspensión del Movimiento Semilla a petición del Ministerio Público por supuestas anomalías en el proceso de creación de la agrupación en 2018, pero solamente después de que Arévalo de León avanzó al balotaje.
El intento de cancelación del partido fue parte de las medidas que la Fiscalía adoptó para intentar detener la investidura del actual presidente, quien llegó al poder el pasado 14 de enero, tras un sorpresivo triunfo en los comicios del año anterior.
Durante el proceso de transición, Arévalo de León acusó directamente a Porras Argueta de intentar un «golpe de Estado» en su contra, junto a otros «actores corruptos» como el juez Orellana.
De acuerdo a diversos expertos, la decisión de la Corte de Constitucionalidad puede abrir el camino a que una empresa o una organización sea unilateralmente suspendida por cualquier juez.
Arévalo de León llegó al poder con un discurso anticorrupción, después del Gobierno que presidió Alejandro Giammattei, también sancionado por EE.UU. bajo fuertes señalamientos de corrupción.
