“Hecha la ley, hecha la trampa” (Dicho popular)
El proceso electoral 2023 sigue su curso, acercándose peligrosamente a la realidad que tanto se ha anunciado en el pasado reciente: la de un supuesto fraude sistémico. Diversas voces desde diferentes espacios -desde los menos creíbles hasta los más serios y respectados- han dicho desde varios meses atrás que probablemente ocurriría un fraude en el proceso electoral actual, argumentando que, debido al inexorable proceso de cooptación de las instituciones del Estado que se ha apreciado en el pasado, la actitud de las autoridades electorales iba a ser la de frenar la candidatura de aquellos actores que fueran percibidos como una amenaza, mientras que iba a permitir la participación de otros actores, aún si fueran altamente cuestionados o que incluso, que hubieran tenido procesos pendientes o concluidos con la justicia.
La temprana exclusión del binomio Cabrera-Rodas por parte del MLP encendió todas las alarmas habidas y por haber: el libreto que se había anunciado desde antes se empezaba a cumplir de forma inexorable. La razón: una disposición administrativa que dispone otorgar o no una constancia transitoria de reclamaciones, más comúnmente llamada “finiquito”, la cual ha sido retirada a exprocurador de derechos humanos, Jordán Rodas, debido a que el nuevo procurador en funciones decidió justamente en el mes en que Rodas solicitó su inscripción, denunciarlo por un supuesto acto anómalo al solicitar indemnización, proceso administrativo que probablemente durará meses antes de resolverse. La temporalidad de la reclamación en contra de Jordán Rodas y la inmediata respuesta del Registro de Ciudadanos, quién de forma automática decidió rechazar la inscripción de Rodas, encajaba perfectamente dentro de la sospecha de un fraude anticipado: se niega la inscripción de Rodas, y por lo tanto, de la candidata presidenciable Thelma Cabrera, debido a que el sistema le tiene miedo, y prefiere simplemente desechar ambas candidaturas, con lo cual indudablemente, altera el panorama electoral, debido a que el binomio Cabrera-Rodas era percibido por un porcentaje no calculado de población, como la opción valedera para rescatar el país de su debacle.
Al respecto de tal decisión, muchos analistas han opinado al respecto sobre la validez y fundamento de tal acción; Edgar Ortiz, por ejemplo, desde una perspectiva jurídica, ha analizado cómo la disposición legal que sirve de base para excluir a Rodas tiene una serie de defectos e inconsistencias que la haría innecesaria, y lo que es peor, inadecuada para el fin para el cual fue creada: supuestamente, garantizar la idoneidad que está contemplada en el artículo constitucional correspondiente. Desde esa perspectiva, la norma aludida no solo no garantiza la idoneidad, sino que además, opera de forma perversa para negar el derecho a elegir y ser electo, con lo cual la vuelve no solo inoperante, sino innecesaria. Otros analistas han opinado que la forma en que las autoridades electorales proceden esconde una discrecionalidad que está basada en las inconsistencias y vacíos de la misma Ley Electoral, con lo cual se percibe que buena parte del problema es legal: por algo el dicho con el que inicia la presente reflexión.
Desde una perspectiva sistémica, el analista Edgar Gutiérrez incluso abarca un razonamiento aún mayor: si se considera que los acuerdos de paz eran un pacto fundacional que habilitaba una inclusión política de todos los sectores, la decisión de excluir a Rodas y Cabrera es la mayor evidencia que tal pacto fundacional se ha roto. La sugerencia de Gutiérrez, por lo tanto, es que dicho acto es tan grave, porque vulnera el espíritu reconciliador y refundacional que intentó establecer dichos acuerdos de paz, con lo cual abre la puerta peligrosamente a fortalecer las voces y opciones que intentan cambiar el sistema desde afuera del mismo, con mecanismos obviamente violentos que probablemente multiplicarán los problemas.
En manos de las autoridades correspondientes se encuentra una auténtica brasa caliente: de continuar el veto al binomio Cabrera-Rodas, existirán razones suficientes para quienes ya hablan de un fraude sistémico abierto, con lo cual las elecciones 2023 habrán nacido tempranamente muertas: no representarán el momento legítimo en el que cualquiera que gane, tenga la legitimidad para asumir el poder, con lo cual entraremos en una fase peligrosa de polarización y enfrentamiento con consecuencias inimaginables.
Más allá de las razones legales y administrativas argumentadas, lo más sano para la democracia guatemalteca es que participen Jordán y Thelma en el proceso electoral, de manera que si van a ser descalificados, lo sean debido al número de votos obtenidos en las urnas, y no a argucias legales que tienen poco sustento técnico y legal.
