LA JUSTICIA DE GUATEMALA, EN ENTREDICHO

Luis Fernando Mack

“Estoy frustrado también porque ¿qué objeto tiene que yo me asocie, qué sentido tiene además del fraude al Estado sino pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Dónde está el dinero?» Otro Pérez Molina.

El dieciséis de abril del año 2015, se daba a conocer un caso que conmocionó a Guatemala: en una conferencia de Prensa lidereada por la entonces Fiscal general, Thelma Aldana, acompañada por el entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad -CICIG-, anunciaban el inicio del proceso que se denominó “La Línea”: un caso de corrupción y defraudación aduanera que involucraba a una serie de personajes que supuestamente estaba lidereada por las dos figuras políticas más importantes del momento: el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, Roxana Baldetti. A partir de ese momento, se inició un período convulso y complejo de la historia reciente, ya que durante muchas semanas, se desarrollaron las multitudinarias manifestaciones que dieron la vuelta al mundo: los guatemaltecos se volcaron a las calles para protestar contra la corrupción y la impunidad prevalecientes en nuestra sociedad. El culmen de ese período histórico finalizó el tres de septiembre de ese año con la renuncia del entonces presidente, Otro Pérez Molina.

Siete años después, un tribunal conformado por tres juezas, dictó sentencia en este emblemático caso que sintetiza la aspiración de toda una nación, por la posibilidad real de que el sistema de justicia finalmente empiece a funcionar, de manera que destierre de una vez y para siempre, la perniciosa impunidad que ha caracterizado al país casi desde su fundación. La resolución, sin embargo, parece que no ha dejado satisfecho a nadie: por un lado, las juezas empezaron la lectura de la sentencia, criticando extensamente a la CICIG, por supuestas fallas y negligencias en documentar de mejor forma el caso, además de sugerir que el ente internacional ejercía una indebida presión sobre jueces y magistrados. Posteriormente, en una larga y detallada narrativa sobre las pruebas presentadas y su valor, las juezas determinaron que dieciocho de los veintinueve acusados, eran culpables de diversos delitos.

En el caso del presidente y la vicepresidenta, las juezas empezaron declarando que ambos personajes no eran culpables del cargo de enriquecimiento ilícito, lo cual parecía confirmar la sensación que el temor de que iban a ser liberados sin culpa, se hacía realidad, especialmente cuando empezaron criticando a quienes se atrevieron a denunciar a quienes eran entonces, las dos personas más importantes del sistema político guatemalteco. Sin embargo, en un giro inesperado, las juezas los declararon culpables por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera, delitos por los que fueron condenados a 16 años de prisión.

Las reacciones no se hicieron esperar: por un lado, se destaca el hecho de que, pese a las criticas y a la declaración de no culpabilidad en el caso de uno de los delitos por lo que fueran acusados, existe una condena para quién entonces representaba la máxima autoridad política del país: en América Latina, es poco frecuente que se condene a tan altos funcionarios públicos, por lo que la sensación es que la justicia prevaleció, especialmente en el contexto de lo que se percibe como un contexto adverso para el combate a la corrupción. Por el contrario, los que han adversado todo el trabajo de la CICIG y del Ministerio Público en tiempos de Thelma Aldana, se lamentan indudablemente de la condena, ya que es seguro que esperaban una absolución completa.

Más allá de las consideraciones sobre la inocencia o culpabilidad de los imputados, y sin entrar en el debate sobre el papel de la CICIG y sus aliados en el intento por depurar al sistema y combatir la tan arraigada impunidad, es indudable que el anhelo de rescatar el sistema de justicia es una aspiración largamente esperada por muchos guatemaltecos, ya que se sabe que éste es un aspecto fundamental de cualquier sociedad democrática. Como bien decía Simón Bolívar: “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.”