“Los sectores dirigentes no resultan afectados por el funcionamiento del sistema (de justicia) en tanto encuentran otras vías para resolver sus conflictos y sancionar a sus enemigos”, Luis Pasara.
Desde que se discutía el cese de los acuerdos de paz en las décadas de los años ochenta y noventa en Guatemala, el consenso mayoritario ya concluía que el sistema político y social con el que se construyó Guatemala era prácticamente incompleto, insuficiente y caduco. Por ejemplo, el acuerdo de paz firme y duradera que cerró el largo proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla reconocía que los compromisos de Paz debían ser “una agenda integral orientada a superar las causas del enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo desarrollo”, y uno de los puntos fundamentales era el fortalecimiento del sector justicia; fruto de este consenso, y como consecuencia del esfuerzo por garantizar el respeto integral a los derechos humanos, años después se establecían las bases para lo que posteriormente fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Confieso que al inicio, recibí la noticia de la creación de la CICIG con escepticismo: si los sectores de poder habían aceptado crearla, imaginaba que la clave del éxito de la nueva institución residiría en responder una idea clara: ¿la impunidad de quién se va a combatir? Esta idea se basaba, claro está, en el conocimiento de la realidad y existencia de lo que ahora se llama “cultura de la transgresión”: una generalizada costumbre voluntarista de los actores políticos y sociales en Guatemala a considerar las reglas como condicionantes que no los obligaba siempre, ya que para cada regla, siempre habría forma de encontrar la excepción a la misma, siempre y cuando se conociera a la persona adecuada que activara el atajo correspondiente.
En la primera fase de la CICIG, el primer comisionado tuvo la mala costumbre de “litigar en los medios”, buscando politizar los casos considerados emblemáticos que pudieran crear la ilusión de un avance: el esfuerzo se concentraba en unos cuantos actores, para que el resto estuviera tranquilo. El segundo comisionado, por lo tanto, empezó retrayendo los casos al ámbito meramente judicial, aspecto loable, debido a que entonces se pensaba que el litigio mediático producía avances puntuales, pero utilizaba las mismas estrategias de los actores dominantes que en primer lugar, habían debilitado al sector justicia. Lamentablemente, la búsqueda de justicia imparcial mediante las mimas estructuras debilitadas y cooptadas de siempre, resultó en un esfuerzo imposible. Quizá por eso, el segundo comisionado pasó prácticamente sin pena ni gloria, aunque claramente, es el que menos animadversión política generó.
Si las estrategias de mediatizar algunos casos, del primer comisionado, y la de litigar en los tribunales, del segundo comisionado, no dieron los resultados esperados, el actuar del tercer comisionado se esperaba que fuera diferente al de los dos primeros, tal como posteriormente ocurrió. Velásquez hizo una combinación de ambas estrategias, de manera que litigó en los tribunales, pero utilizando la presión social y mediática como un arma. Adicionalmente, se utilizó la persecución penal como un disuasor para los grupos de poder, para que se convencieran de que eran necesarios cambios estructurales que transitaran hacia un sistema más imparcial y democrático.
Fue el tercer modelo el que precisamente generó tanta esperanza de cambio: finalmente, había llegado un actor con ansias de transformar realmente el sistema, y no solamente hacer un maquillaje de este. Sin embargo, los excesos cometidos, el exceso de confianza y la incapacidad del comisionado de encontrar aliados internos que fortalecieran su campaña de fortalecimiento del sistema judicial el que finalmente llevó a que hubiera una amplia alianza de una variedad de actores para que finalmente, la CICIG fuera expulsada en el 2019.
Luis Pásara, quien fungió como funcionario de la reforma judicial de Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala -MINUGUA-, ha escrito un extenso análisis sobre las reformas judiciales en América Latina, y su conclusión es desalentadora: fortalecer la justicia y volverla imparcial parece una tarea imposible en sociedades donde el sistema se ha acostumbrado a cooptar y politizar a jueces y magistrados, tal como parece demostrar el caso guatemalteco.
