“El objetivo es la cooptación del sistema de justicia para procurarse impunidad y protección” Wola
Con dos años de retraso en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, el año 2022 se vislumbra como otro año para el olvido, debido a el manifiesto interés de los grupos dominantes a continuar con el inexorable proceso de cooptación de la justicia, mediante la designación de funcionarios afines a los intereses de los sectores en el poder. En mente, el objetivo primario a cumplir es indudablemente revertir los logros que se habían alcanzado en los años anteriores al 2019, en los que se desarrollaron procesos judiciales que aunque fueron en algunos casos controvertidos y en los que pudieron existir fallos y excesos, la sensación generalizada era que por primera vez en mucho tiempo, existía la esperanza de castigar a los culpables y detener la muy arraigada costumbre de obtener beneficios particulares de las arcas públicas y de la acción sesgada de las instituciones públicas.
Las acciones sucesivas de los gobiernos de Jimmy Morales y del actual presidente Alejandro Giammattei crearon un entorno institucional favorable para la anulación de los espacios institucionales que favorecieron cierta independencia judicial, condición indispensable para el avance de los procesos judiciales que tanto sorprendieron al mundo entero, debido a que se respiraba finalmente una esperanza de cambio real y sostenido; en ese sentido, los retrasos en la elección de Corte Suprema de Justicia, la cooptación en el nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, más el control férreo que se fue estableciendo desde el Ministerio Público para debilitar el proceso de persecución penal en contra de los actos de corrupción, finalmente determinó un freno a las aspiraciones de cambio, aún con ciertas incomodidades por la aún independencia del magistrado de conciencia, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, a quién nunca pudieron doblegar, pese a las múltiples amenazas y cercos a los que se le impuso en su período en funciones.
Para los sectores dominantes, sin embargo, la paciencia se ha convertido en una virtud: en vez de intervenir directamente en la labor del magistrado de conciencia, simplemente han esperado pacientemente a que su período acabe, lo cual ocurrirá en agosto del presente año. Desde ya, se empieza a especular quién podrá ser ungido como el elegido para cambiar radicalmente el rumbo de la PDH, con lo cual los sectores dominantes habrán avanzado un paso adicional en ese proceso de cooptación de la justicia.
El escenario electoral para el 2023, por lo tanto, se anticipa como claramente amenazador: las experiencias de lo ocurrido en países como Nicaragua o Venezuela, en donde la oposición tiene una clara desventaja frente a los designios del poder, es solamente un ejemplo de lo que podrá ocurrir en Guatemala. En ese caso, el objetivo central será debilitar o incluso inhabilitar cualquier opción que huela a cambio, algo similar a lo que ocurrió con los procesos en contra de las candidaturas de Thelma Aldana y Zury Ríos en el 2019, algo que ahora se podrá extender por ejemplo al incómodo partido del MLP, o a cualquier partido o figura pública que represente una amenaza a los intereses dominantes.
Si se confirman los temores, y se fortalecen las inercias de cooptación del sistema, Guatemala seguirá avanzando inexorablemente hacia un claro retroceso en materia institucional, lo cual tendría consecuencias terribles para el futuro de nuestro país.
Dos factores aún podrían significar un freno a estas aspiraciones regresivas: uno, el papel de los actores internacionales, en especial el de la embajada de Estados Unidos, ya que formalmente, el actual gobierno del presidente Joe Biden, aún enarbola fuertemente su objetivo de reforzar la lucha contra la impunidad. La contratación de una agencia para continuar el cabildeo político del gobierno de Guatemala en Washington y las palabras del Presidente Giammattei sobre Estados Unidos en su discurso del segundo año de gobierno, demuestran que este es un punto de preocupación de los actores dominantes, ya que saben que este puede ser un factor que modifique la correlación de fuerzas internas.
El más relevante, sin embargo, sigue siendo la capacidad de articulación de los actores subalternos, que tienen ante sí un reto histórico: superar los miopes intereses que han dividido por décadas a los actores pro-cambio, de manera que puedan articularse en un gran frente común. Excusas porque no se ha producido esta unidad abundarán, indudablemente, pero en los debates de futuro, simplemente se concluirá que justo en los momentos clave, la sociedad civil le hizo juego a los intereses dominantes, presentando opciones de cambio divididas que faciliten la cooptación. El que tenga oídos, que oiga.
