“La crisis de moralidad que vivimos, nos lleva a referenciar a la política que se ejerce en la actualidad como cinismo político” Plutarco Medina Gratereaux
El escándalo de la semana gira en torno al proceso de elección del o la fiscal general del MP, especialmente por los sucesos acontecidos en torno a la figura más cuestionada, pero a la vez más defendida en la historia reciente del Ministerio Público; nos referimos a la actual Fiscal Consuelo Porras, quién parece sintetizar en su candidatura todas las inercias perversas que acarrea esta sociedad.
En primer lugar, la discusión en torno a la polémica figura de Consuelo Porras inicia desde como evaluar su gestión. Los indicadores parecen darles la razón a sus partidarios: con una política de expansión física que supuestamente mejoró la cobertura territorial de la Institución y con el mejor índice de desempeño de todos los tiempos, basado en la proporción de casos ingresos y casos concluidos, el MP de Porras pareciera ser en el papel, el mejor ente investigador de todos los tiempos. Un análisis mas cuidadoso descubría que tras esos indicadores, existe una deliberada política diseñada para mentir descaradamente: la expansión territorial se desarrolló a costa de debilitar a las fiscalías, y el indicador de eficiencia se infló deliberadamente, porque cerca de 8 de cada diez casos, simplemente fueron desestimados, sin realmente ser resueltos. La retórica institucional sobre una justicia pronta y cumplida, por lo tanto, solamente quedó en promesas vacías de contenido.
En segundo lugar, hay un señalamiento público que nunca se dilucidó adecuadamente sobre la calidad académica de la susodicha: una investigación independiente señalo la posibilidad de que la tesis con la que Consuelo Porras obtuvo el doctorado fue plagiada de una tesis de grado. Aquí llama la atención dos cosas: uno, la parsimonia de la acusada, que nunca ha negado los hechos, solamente ha aclarado que formalmente hablando, él único que puede iniciar un proceso de plagio es el agraviado, cosa que no va a ocurrir, porque esa persona ya ha fallecido. El segundo aspecto que sobresale es la total indiferencia institucional, que de ninguna manera reaccionó al hecho.
El caso de Porras, de hecho, me recordó lo ocurrido con Karl Theodor zu Guttenberg, el ministro de defensa alemán en tiempos de Angela Merkel. En el 2011, dimitió a su cargo, luego de demostrarse que en su tesis había algunos pasajes que no tenían la cita respectiva, por lo que se podría considerar un plagiado de otros autores. Comparativamente, Karl Theodor desarrolló un trabajo original, pero metodológicamente cometió el error de no citar ciertas partes; en el caso de Porras, ocurre todo lo contrario: la parte plagiada es considerablemente mayor.
Lo interesante del caso es que en el momento de su dimisión, Karl era el ungido de Merkel, y era considerado su sucesor natural. La polémica, sin embargo, bastó para acabar con su carrera política. En Guatemala, por el contrario, parece que ese señalamiento no le ha quitado el sueño ni a Porras ni a sus aliados, lo cual habla muy mal de nuestra sociedad. El mensaje para los profesionales es que lo que importa es la apariencia, aspecto que claramente nos retrata como un país en el que la calidad académica es irrelevante.
Una última controversia es la forma en que la comunidad internacional nos ve. Porras tuvo el descaro de despedir a un fiscal que había sido galardonado con varios premios internacionales por su trayectoria institucional, y con un procedimiento anómalo, simplemente lo separó de sus funciones, sin haber demostrado fehacientemente las razones del despido. Adicionalmente, la fiscal tiene el dudoso honor de ser señalada dentro de la lista Engel que elabora el departamento de Estado norteamericano. Aunque este último punto podría ser considerado como parte de un complot político, los otros escándalos en torno a la figura de Porras bastarían para descalificarla.
Nótese que en ningún momento hemos argumentado en torno a los otros cuestionamientos hacia Porras, que incluyen ser parcial en la forma en que ha gestionado el trabajo del MP, ya que este argumento esta teñido de ideología, o al menos eso dicen sus defensores.
Lamentablemente, el proceso de elección de la o el fiscal del MP ha desnudado claramente la inercia política e institucional perversa que prevalece en nuestro país, en el que interesa más la apariencia y las promesas vacías, que los avances reales. Con esa inercia, nuestro futuro político e institucional sigue siendo incierto y tenebroso.
