El Ministerio Público es una institución joven en el esquema judicial del país, la misma inició a operar como producto de la reforma constitucional de 1993, y empezó funciones el 1 de julio de 1994.
Durante el tiempo que realicé servicio en la misma, tuve la oportunidad de ir conociendo la forma en que se fue construyendo la misma y el esfuerzo que se realizó en su consolidación, una semblanza de la que formé parte.
Para comenzar a operar, las fiscalías necesitaban de recurso humano, ante la perspectiva de la necesidad de funcionar, en los albores no se contaba con procedimientos específicos para el ingreso del personal.
Así el personal que ingresó inicialmente a la institución, era considerado de confianza, como lo dispuso en la reglamentación de 1998 el fiscal general Adolfo González Rodas.[1]
Pasaron los años y el Ministerio Público se fue afianzando, estableciéndose la carrera profesional, con sus vertientes fiscal y administrativa, como lo recogió el Decreto 18-2016, que hizo acopio no sólo de la experiencia que la propia fiscalía había adquirido en el transcurso del tiempo, sino de los parámetros internacionales dispuestos en múltiples sentencias del sistema interamericano de derechos humanos, así como las directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales.
Al estar definida la carrera fiscal, y por virtud de la promoción de su parámetros como fruto de concursos de oposición, no como producto de nombramientos directos de la autoridad superior, se estipuló que el trámite para la remoción del personal, debía ser precedido de un procedimiento administrativo que estableciera la comisión de faltas al servicio que justificaran la decisión.
Así ocurrió en la práctica, y la Corte de Constitucionalidad en una serie de fallos que sentaron doctrina legal, coadyuvó en la construcción de una verdadera carrera fiscal, garantizando la inamovilidad del personal, como garantía del ejercicio de sus funciones, por lo que el nivel profesional se equiparó a los estándares internacionales.
Mi destitución, fue antecedida por algunas otras remociones de personal del Ministerio Público, que transcurrieron de manera silenciosa, pero que ya anticipaban lo que estaba por venir. Pero fue mi remoción, lo que inició a marcar la pauta a seguir por una fiscalía que está en franco deterioro, por muchas situaciones.
Uno de los aspectos que marcan ese deterioro, es el desbaratamiento de las fiscalías, ya lo vimos en el caso de la FECI, de la Fiscalía de Derechos Humanos, pero en el último tiempo la situación se acentuó.
Solo 2 meses después de mi salida, la Corte de Constitucionalidad, emitió un fallo –referido a una situación laboral ajena al Ministerio Público-, pero que marca un aciago precedente: califica como trabajador de confianza, a aquél empleado que sea nominado como tal en un pacto colectivo de condiciones de trabajo.[2]
Aunque constituye sólo un precedente, el mismo sirvió como una de las bases en la suscripción del nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo, entre el Ministerio Público y el sindicato mayoritario de trabajadores del órgano administrativo.
El sindicato, lejos de velar por los intereses de los trabajadores, en abierta contradicción con las funciones sindicales y de lo consignado en los artículos 106, 107 de la Constitución Política de la República y del contenido de la Ley Orgánica del Ministerio Público, prácticamente “le vendió el alma al diablo”, estipulándose en ese pacto que los empleados de la institución son “trabajadores de confianza”
La Fiscal General, como ha sido ya su posición de afrenta a su deber de cumplir las leyes del país, mediante la utilización de pretenciosos fundamentos normativos, está violando la Constitución de la República que debe defender, y socavando los cimientos de la legalidad.
Y es de esta forma, combinando la mala fe con la defensa de un esquema de impunidad, sigue destruyéndose al Ministerio Público, recortando al elemento más valioso de la administración pública, el recurso humano.
Sirvan estos párrafos como homenaje a todos aquellos ex compañeros del MP, quienes fueron destituidos ilegalmente por cumplir con sus funciones, los 19 de días recientes, los que me antecedieron y quienes me sucedieron, y en especial a 6 valiosas mujeres: Hilda Pineda, Wendy Ordóñez, Sara Romero, Elka Huitz, Eleonora Castillo y Sara Sandoval.
¡No nos callarán!
[1] Artículo 8 del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio Público
[2] Corte de Constitucionalidad, sentencia del 2 de septiembre de 2021, dictada en los expedientes acumulados 1403 y 1448-2021
