Desde hace un buen tiempo el mundo entero experimenta cambios abruptos principalmente en asuntos políticos internos de cada país, pero con un agravante muy peligroso para la democracia, que es la criminalización de las manifestaciones y protestas ciudadanas que buscan cambios para mejorar las condiciones de vida de miles de personas.
Guatemala experimentó esta situación en las manifestaciones masivas en el 2015 luego de los casos de corrupción e impunidad que salieron a luz gracias a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de aquel Ministerio Público (MP) que buscaba desarticular a las estructuras criminales incrustadas en el Estado.
En ese entonces Guatemala vivía momentos históricos para deshacerse de actores claves de la corrupción e impunidad. Gracias a las manifestaciones y a la CICIG se logró que un presidente acusado de corrupción ahora esté enfrentando junto a muchos Ministros de su Gabinete a la justicia, sin embargo, el propio sistema premió a otros personajes más nefastos que los anteriores.
En esos momentos las protestas eran apoyadas por cientos de guatemaltecos, que creían que se lograrían cambios importantes, pero el cambio fue momentáneo, se lograron en la Ley Electoral y de Partidos Políticos pero no fueron suficientes y hoy se pretenden borrar con las reformas propuestas a dicha ley.
Poco a poco ese apoyo a las manifestaciones se fue desvaneciendo al punto de polarizarlas y dividirlas, porque así lo decidieron quienes estaban involucrados en actos de corrupción y procuran hasta ahora impunidad. La indiferencia hizo mella y lograron que menos guatemaltecos creyeran en las genuinas manifestaciones y protestas para derrocar la corrupción y la impunidad en nuestro país.
Así transcurrieron los años, en el 2020 el Congreso de la República aprobó un presupuesto indignante, que despertó de nuevo aquel sentimiento de desaprobación y se logró dar marcha atrás a lo dispuesto por los diputados.
Esas protestas del 21 y 28 de noviembre de 2020, trajeron consecuencias fatales para los manifestantes que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad, golpeando a mujeres, encarcelando a otros y agrediendo a periodistas que informaban de la brutalidad con la que actuaban los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Ante el atropello se denunció la forma cómo se estaban dando las cosas, pero un año más tarde resulta que a las personas agredidas son a quienes el Ministerio Público busca imputar delitos de depredación de bienes culturales, por unas pintas que se hicieron, mientras manifestaban.
También se entregaron unos agentes de la PNC, como se dice comúnmente en Guatemala solo para taparle el ojo al macho, contra quienes supuestamente había una orden de captura por abuso de autoridad y simulación de delito.
Nanci Chiriz Cinto, Juan Francisco Monroy y Dulce Archila Cáceres son criminalizados por el MP por el simple hecho de manifestar su descontento, pero eso seguramente no detendrá las manifestaciones genuinas de la ciudadanía que busca un cambio.
