La Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad del Colegio de Farmacéuticos y Quimicos de Guatemala (COFAQUI) solicitó la derogación del Estado de Sitio en El Estor, Izabal, asegurando que las fuerzas de seguridad están defendiendo intereses económicos particulares.
Asimismo, recordó que la población Q’eqchi’ de El Estor, lzabal, ha manifestado su desacuerdo en relación al proyecto minero Fénix por el incumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), que establece el cierre del mismo y la realización de la consulta a la población, lo cual ha provocado la represión creciente contra los manifestantes y periodistas.
«Manifestamos nuestra solidaridad a la comunidad Q’eqchi’ en su legitimo derecho de resistencia pacífica y derecho a un ambiente sano, libre emisión del pensamiento y el derecho a consulta garantizados en la Constitución», indicaron en un comunicado.
Exigieron a las autoridades de los tres poderes del Estado, cumplir el artículo 97 Constitución Política de la República de Guatemala, el cual dice textualmente, «El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico».
También pidieron que se respete y cumpla con realizar la consulta libre, previa e informada, en un proceso de consulta legítimo, así como con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), emitida desde el 18 de junio de 2020, que ordena la suspensión del proyecto minero, la realización de un proceso de preconsulta entre las comunidades y el Ministerio de Energía y Minas, así como la reducción del área de impacto del proyecto minero.
Otra de las solicitudes del COFAQUI es que se aplique la legislación vigente para investigar, sancionar a quienes corresponda y destituir a los funcionarios públicos que no han acatado la sentencia de la CC, ya que la mina Fénix siguió operando de forma ilegal.
Además de garantizar el Estado de Derecho en el territorio nacional y la integridad de la población, sin recurrir a aplicar el uso de la fuerza y la intimidación, ya que, «las fuerzas de seguridad están defendiendo intereses económicos particulares, las ganancias son privadas y socializan los impactos socioambientales negativos», puntualizaron.
