“El legado de la legislatura de Donald Trump es un país enfermo, dividido, airado y con las reglas del juego democrático pisadas, subvertidas, desde la más alta magistratura” (ARA).
Una de las características más apreciadas de los regímenes políticos es el grado de confianza que los ciudadanos tengan sobre la legitimidad e imparcialidad que puedan atribuírsele a las instituciones que sostienen el sistema: sin una base sólida de legitimidad, cualquier anomalía puede desencadenar conflictos y movilizaciones que aumenten exponencialmente los problemas que puedan acontecer en una sociedad determinada. Al final de cuentas, la institucionalidad del Estado es la única que tiene el monopolio de la fuerza, la que puede promover estabilidad y la que tiene el mandato para procurar la mediación -mediante el sistema legal y la aplicación de las normas del Estado de Derecho- cuando existen bandos en pugna que necesitan una resolución pacífica de sus controversias; de lo contrario, el método de resolución de conflictos será la “ley del más fuerte”.
El mejor ejemplo de desconfianza se ha visto claramente en los alegatos de fraude que por años ha argumentado Donald Trump: muchos ciudadanos siguen creyendo que hubo un masivo fraude en el 2020, aún cuando los analistas y medios nacionales e internacionales han negado tal afirmación. Lo mismo ocurrió en Brasil en las recientes elecciones en las que se enfrentaron Jair Bolsonaro y Lula Da Silva: durante años, el ahora expresidente brasileño señalo la posibilidad de un fraude electoral. Sin embargo, ¿Qué hubiera pasado si tanto Trump como Bolsonaro hubieran ganado? Indudablemente que la duda que se ha sembrado, podría entonces aplicársele a los mismos quienes antes vociferaban “fraude”, con lo cual cualquier resultado podría ser calificado de fraudulento. En ese caso, la trampa estaría bien montada: una auténtica profecía autocumplida: sea quien sea el ganador, será visto con desconfianza por los ciudadanos, con lo cual es mismo sistema democrático el que se vulnera.
EL problema de las percepciones es que se modifican muy poco con el paso del tiempo: es más fácil destruir la confianza ciudadana, que consolidarla; y en contextos de desconfianza sistemática, la exigencia de controles y procedimientos cada vez más sofisticados y sujetos a controles elevan exponencialmente el costo de los procesos electorales, y aun cuando se blinde el sistema de cualquier forma, cualquier acusación de fraude despertará los viejos fantasmas de la desconfianza que fácilmente pueden derribar a un sistema democrático. Justo por ello, el concepto de fraude no debe ser usado de forma indiscriminada, porque el efecto es como una gran bola de nieve que después nadie podrá detener, especialmente cuando se empieza a usar con mucho tiempo de anticipación, aún antes de iniciarse como tal el proceso electoral, tal como se ha reiterado de forma continua en Guatemala.
La argumentación de fraude, para que sea creíble nacional e internacionalmente, requiere una documentación seria y detallada que vaya haciendo evidente el entorno amañado y complejo que va incidiendo poco a poco en el panorama electoral, haciendo que el proceso sea poco competitivo y altamente parcializado, tal como por ejemplo se demostró en el proceso electoral nicaragüense. Usarlo, sin la debida fundamentación, solamente hace perder la credibilidad de quien lo utiliza, ya que lejos de fortalecer a la institucionalidad, la debilita, con lo cual se dinamita cualquier posibilidad de promover una adecuada gobernanza. Para el caso de Guatemala, es innegable que existe un contexto institucional adverso que augura malos presagios para el año electoral que se avecina. Hay quizá, muchas evidencias acumuladas que pudieran sugerir un entorno complejo y poco competitivo para el año electoral 2023; sin embargo, de eso a deducir que ya se gestó el fraude -como he oído decir a muchos analistas- hay una gran diferencia.
La buena noticia es que desconfianza ciudadana hacia el proceso electoral puede ser usada para rescatar a la misma democracia que se cuestiona, si se concientiza a la ciudadanía que debe participar activamente en la observación y seguimiento de las etapas del proceso electoral que se avecina. Justo por ello, el surgimiento de GuateVerifica y de la Convergencia Nacional de Resistencia puede ser vistos como providenciales, ya que ambas instancias puede convertirse en atalayas desde las que se observa el desarrollo del proceso electoral, para verificar que las regulaciones y procesos garanticen una competencia equitativa del proceso electoral.
