El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó los resultados del seguimiento a las propuestas de planes de gobierno, evidenciando que no existen propuestas serias y técnicamente sustentadas por parte de los candidatos a la presidencia de Guatemala, pues solo en cuatro de 17 partidos políticos han estimado el costo fiscal de su oferta electoral y cuatro identifican sus fuentes de financiamiento.
Evidenció que solo Bien, Creo, Semilla y Vamos identifican las fuentes de financiamiento para cubrir el costo fiscal de sus planteamientos. “Para el Icefi, el hecho que tan solo 4 propuestas de planes de gobierno han estimado el costo fiscal de su oferta electoral, y solo 4 identifiquen las fuentes de financiamiento para cubrirlo, evidencia el riesgo de que, en su mayoría, la oferta electoral está más cerca de la demagogia que de propuestas serias y técnicamente sustentadas”, señaló.
Por ello, recomendó que todos los partidos políticos que compiten en la elección presidencial presenten una propuesta de plan de gobierno. Además, enfatizó la necesidad de que estas propuestas tengan el debido respaldo técnico, especificando las metas, los costos fiscales y las fuentes de financiamiento.
El monitoreo del Icefi identificó propuestas de política fiscal o vinculadas a la protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. En cada caso, revisó si para las propuestas se especifican metas, se estiman costos fiscales o si identifican fuentes de financiamiento.
Los planes de gobierno que ha analizado el Icefi son de los partidos políticos Bien, Cabal, Creo, Comunidad Elefante, Mi Familia, Movimiento Semilla, Nosotros, PIN, Todos, UNE, Unión Republicana, Valor-Unionista, Vamos, Victoria, Viva, VOS y Winaq-URNG; los cuales contienen propuestas de carácter fiscal vinculadas al gasto público social, la inversión pública en infraestructura, transparencia y lucha contra la corrupción.
De éstas propuestas, quince incluyen algún tipo de propuesta tributaria de las cuales once contienen medidas que debilitarían la recaudación por basarse en la creación o profundización de tratamientos tributarios diferenciados, como incentivos fiscales a actividades económicas específicas o concesión de nuevas exenciones. Respecto a la deuda pública, ocho propuestas abordan esta temática con acciones diversas, y dos proponen la reestructuración de la deuda pública; dos proponen regular el uso racional de la deuda; tres se concentran en la gestión de riesgo país y de la calificación crediticia; mientras que Cabal propone la creación de una empresa de transporte público, a la que le otorgaría la potestad de financiarse emitiendo obligaciones de pago diferidas con calidad de deuda soberana.
Otro de los ámbitos evaluados por el Instituto es la garantía de derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, siendo el derecho a la educación el más recurrente, ya que 16 de las 17 propuestas analizadas consideran acciones en esta materia; los derechos a la alimentación y a la recreación, cultura y deporte están presentes en 12 de las propuestas analizadas; 10 propuestas consideran acciones para la protección social de la niñez y la adolescencia; y, 9 propuestas contemplan acciones para garantizar el derecho a la salud de las personas menores de edad. El derecho que con menor frecuencia es abordado es la seguridad y la prevención de la violencia, tratado en solo 6 de las propuestas analizadas.
