La asociación enfocada en los Derechos Humanos, Human Rights Watch emitió su Informe Mundial 2022 en el que resaltó los eventos del 2021 en Guatemala, entre ellos, el retroceso en materia de justicia y libertad de prensa.
«La independencia judicial se ha visto amenazada por la corrupción, las demoras en el nombramiento de jueces, la negativa del Congreso a tomar juramento a la jueza y ex presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la destitución del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y denuncias espurias contra jueces y fiscales que investigan casos de alto perfil», se lee en dicho informe.
Asimismo, indicó que el hostigamiento y la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas sigue siendo una de las mayores preocupaciones. «Las autoridades han limitado el acceso a la información, incluso sobre la compra de vacunas y otras medidas para responder a la pandemia de COVID-19», señaló la Human Rights Watch.
Resaltó que en los últimos años, las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por las Naciones Unidas (que terminó su mandato en 2018) y el Ministerio Público, pusieron al descubierto tramas de corrupción en los tres poderes del Estado. Sin embargo, medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades obstaculizan que haya rendición de cuentas y amenazan la independencia judicial.
#EpicentroGuate Con este diálogo buscaron dar soluciones al conflicto limítrofe entre estos dos municipios. Hasta el momento se ha logrado alcanzar acuerdos entre las comunidades relacionadas al servicio de agua potable.
— Epicentro GT (@EpicentroGuate) January 11, 2022
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«El Congreso ha hecho caso omiso de una orden de la Corte de Constitucionalidad a que proceda a elegir jueces y magistrados para el período 2019 a 2024, para llenar 13 vacantes en la Corte Suprema y 135 en Cortes de Apelaciones. Los puestos siguen sin asignarse. El proceso de selección ha estado marcado por acusaciones de corrupción basados en una investigación que llevó adelante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por medio de la cual se obtuvieron evidencias de posible tráfico de influencias en la selección de los postulantes al cargo de magistrado», mencionó.
También recordó que en las semanas previas a la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FECI, el presidente Alejandro Giammattei se refirió al trabajo de este como politizado y tendencioso, y un grupo de abogados que buscan desmantelar a la FECI presentaron dos acciones ante la Corte de Constitucionalidad solicitando que la declare inconstitucional.
Y en septiembre, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto una disposición del Código Penal que prohibía que las personas condenadas a cinco o más años de prisión por hechos de corrupción cumplieran su condena fuera de centros penitenciarios. Ahora podrán cumplir condenas por corrupción, por ejemplo, en prisión domiciliaria.
Respecto a la libertad de prensa indicó que Guatemala ocupa el puesto 116 entre 180 países de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa debido a la violencia constante contra la prensa y la impunidad de la que gozan los agresores. «Desde que asumió en 2020, el gobierno del presidente Giammattei ha realizado ataques verbales e impuesto restricciones a la prensa. Las autoridades han limitado el acceso a la información durante la pandemia», aseguró esta asociación en su informe.
#EpicentroMundial Los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia «el más grave retroceso en décadas» en materia de derechos humanos en América Latina, señala @hrw_espanol
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