La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que este año será decisivo para Guatemala, ya que se elegirá Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y Contralor General ante el socavamiento del estado de derecho y la democracia en un aparente esfuerzo por evitar la rendición de cuentas por la corrupción generalizada de alto nivel.
Según Human Rights Watch, la presión de Estados Unidos y Europa será fundamental para preservar los derechos humanos y el estado de derecho, sin embargo, algunos actores internacionales han tomado medidas limitadas para proteger el estado de derecho de Guatemala.
«Estados Unidos y el Reino Unido congelaron los activos de un congresista y un operador político que fueron sorprendidos interfiriendo con las nominaciones judiciales para evitar la rendición de cuentas por supuesta corrupción. Y Estados Unidos ha cancelado las visas de algunos agentes políticos y funcionarios judiciales actuales y anteriores, incluido el fiscal general. La UE y algunos gobiernos europeos, sobre todo Suecia, han denunciado abusos en el país. Pero estas medidas no han disuadido los continuos ataques al estado de derecho», recordaron investigadores de HRW.
Asimismo, mencionaron las recientes acusaciones de corrupción contra el presidente Alejandro Giammattei y la Fiscal General, Consuelo Porras, quien solicitó una serie de órdenes de captura para los fiscales anticorrupción que habían estado investigando al Presidente y otros funcionarios de alto nivel. De éstos, algunos están el la cárcel, otros han renunciado o han huido del país.
«Estos son solo los últimos años de ataques que han dejado a la democracia guatemalteca pendiendo de un hilo. El próximo año será decisivo para el futuro del país: la presión de Estados Unidos y Europa será fundamental para preservar los derechos humanos y el estado de derecho. Desde que Giammattei asumió el cargo en 2020, ha trabajado con el Congreso y la actual Fiscal General para bloquear las investigaciones restantes, al intentar destituir a los últimos jueces independientes y llenar la Corte Constitucional», agregaron.
Dentro de las preocupaciones de Human Rights Watch es que, este año el Presidente y el Congreso nombrarán tres figuras clave: el Fiscal General, el defensor de los Derechos Humanos y el Contralor General. «Estos nombramientos pueden dar forma al panorama político, instalando aliados de la administración en puestos importantes antes de las elecciones presidenciales de junio de 2023», dijeron.
«Podría decirse que la oficina del defensor del pueblo de derechos humanos es la última entidad gubernamental independiente que queda en el país. Jordán Rodas, su titular, ha denunciado ataques a la independencia judicial, la libertad de expresión y los defensores de derechos humanos. El Congreso, que seleccionará a su reemplazo, ha intentado repetidamente bloquear su financiación, y los legisladores han buscado su destitución por motivos políticos», indicaron.
Human Rights Watch propuso que la Unión Europea se una a Estados Unidos para sancionar a los funcionarios guatemaltecos que están involucrados en ataques continuos contra el estado de derecho y que EE.UU., el Reino Unido y la UE reconozcan que los funcionarios que atacan el estado de derecho a menudo están aliados con actores privados que se benefician de un sistema judicial politizado.
«Años de investigaciones han demostrado cómo los empresarios han actuado en coordinación con funcionarios corruptos para llenar los tribunales y cómo el dinero obtenido a través de la corrupción y la actividad delictiva suele utilizarse para financiar campañas electorales. Pocos de ellos han sido sancionados y los observadores han notado que la corrupción sigue arraigada entre algunas de las élites empresariales de Guatemala. EE. UU., el Reino Unido y la UE deben dejar en claro que nadie que corrompa el estado de derecho está fuera del alcance de las sanciones, incluidos los empresarios», se lee en la postura de los investigadores.
Mencionaron que, Giammattei y el sector empresarial creen que tienen una carta ganadora para jugar contra Estados Unidos: la inmigración. «El presidente se ha entusiasmado con los esfuerzos de Estados Unidos para conseguir su ayuda para evitar que los migrantes viajen a través de Guatemala para llegar a la frontera de Estados Unidos, pero la lógica estadounidense es contraproducente. La corrupción en Guatemala ha permitido la violencia, afectado la salud y otros servicios básicos y erosionado la rendición de cuentas democrática, contribuyendo a la pobreza y la falta de protección de los derechos que alimentan la migración».
«La corrupción está ganando en Guatemala, y destruyendo los derechos humanos y el estado de derecho en su camino. La necesidad de actuar es tan urgente como siempre. Después de 2022, podría ser demasiado tarde», puntualizaron.
