El presidente Alejandro Giammattei derogó el Acuerdo Gubernativo 17-2020 que establecía la contratación de un seguro obligatorio contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y carga.
Dicho acuerdo contenía una tabla de salarios mínimos que se aplicarían para determinar los valores a indemnizar cuando hubiera afecciones a personas, tanto terceros tripulantes y pasajeros, además de una indemnización en caso de incapacidad por lesiones o afectaciones personales.
A criterio del Ejecutivo, estas normativas no estaban sustentadas técnicamente ni respaldadas con los estudios actuariales correspondientes, según lo establecido en la Ley de actividad aseguradora.
Además, argumentó que en el artículo 29 de la Ley de Tránsito, establece que todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública, deberá contratar, como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.
Sin embargo, la Unidad Nacional de Víctimas por Accidentes de Tránsito exigió en distintas ocasiones la aprobación de este decreto, señalando que son miles de personas que han resultado afectadas por algún accidente vial, quienes han tenido como consecuencia mutilaciones, heridas o han quedado sus familias sin recibir ningún tipo de ayuda.
