La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentaron una denuncia contra la exministra de Salud, Amelia Flores, por el contrato de adquisición de vacunas Sputnik V.
Aseguraron que dicho contrato es perjudicial para Guatemala, y que además no cumplía con los requerimientos legales y comprometió la salud y el bienestar de los guatemaltecos.
El titular de la PGN, Julio Saavedra, durante una conferencia, recordó que el contrato no se hizo con el fabricante, si no con un tercero y con opacidad (con la empresa Human Vaccine, subsidiaria de Fondo Ruso de Inversión Directa), ya que se invocó una clausula de confidencialidad, para ocultar las ilegalidades y para evitar la auditoria social.
Por su parte, el ministro de Salud, Oscar Cordón, indicó que presentaron una solicitud a la Cancillería, para que les trasladen información adicional a este caso que pudiera tener el Gobierno de Estados Unidos.
El presidente Bernardo Arévalo también participó en la Conferencia, e indicó que «este caso es trágico por el alcance de la corrupción y el alcance del daño que esta causa a la población guatemalteca».
Además, aseguró que quienes cometieron estos actos, no solo han demostrado su falta de compromiso con la función pública, sino han hecho ver que están dispuestos a afectar la vida, la salud y el bienestar de sus compatriotas.
Durante la administración de Flores, Salud adquirió 8 millones de dosis de vacunas Sputnik V, contra el COVID-19 al 31 de diciembre de 2021 y 8 millones más en 2022 y 2023.
La exministra confirmó que la adquisición se había reducido a 8 millones de dosis, pues inicialmente se pactó la compra de 16 mil, pero solo se recibió la mitad, que eran las incluidas en el pago del 50% que había hecho Guatemala, por Q614.5 millones.
