El presidente Alejandro Giammattei vetó la Ley de Vacunación aprobada el pasado 1 de febrero y la devolvió al Congreso para que la estudien de acuerdo con las observaciones e inconformidades planteadas por el Ejecutivo.
“La ley no observa los principios de igualdad y equidad regulados en la Constitución, e involucra a entidades que no tienen relación con el Plan de Vacunación”, dijo Giammattei por medio de un mensaje transmitido desde Casa Presidencial.
A criterio del mandatario, dentro de las contradicciones en el Esquema Nacional de Vacunación, es que primero fue presentado como una recomendación y luego se pretende convertirlo en obligación.
“Al imponer la obligación para los establecimientos educativos de contar con un registro de vacunación de alumnos, (la ley) vulnera el principio de voluntariedad”, y no garantiza certeza jurídica al no regular lo relativo a estudiantes que carecen de la vacuna, aseguró Giammattei.
También mencionó que ley aprobada por los legisladores hace un mes, abre la puerta para acciones de inconstitucionalidad al no establecer una fuente de financiamiento, e incurre en una extralimitación de funciones del Ministerio de Salud, al no tomar en cuenta a otras instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y las municipalidades.
“Las funciones atribuidas al Programa de Inmunizaciones, tal y como están en la ley, implican una modificación de la estructura orgánica y presupuestaria de toda la cartera ministerial”, dijo.
Agregó que falta de certeza jurídica en la integración del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (CONAPI), pues les da derecho de voz pero no de voto a los ministerios de Salud y Finanzas, y al IGSS, «dejando vulnerable al Estado», y aseguró que las funciones de asesoría atribuidas al CONAPI “son contrarias al objeto y naturaleza establecidos” en dicha ley como un órgano consultivo.
El presidente Giammattei estimó también que el artículo que regula las Derogatorias, contraviene la Ley del Organismo Judicial al establecerlas en abstracto, lo que implicaría que toda normativa vigente, sin importar su jerarquía, quedaría sin vigencia e incluso afectaría convenios internacionales.
