La Corte de Constitucionalidad (CC) giró audiencia al juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Ministerio Público (MP) por una acción de competencia que interpuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para determinar quién tiene la facultad de cancelar un partido político, tras las acciones en contra del Movimiento Semilla.
Dicha acción presentada por el TSE aún no ha sido resuelta por la alta Corte, sin embargo, ya solicitó información a Orellana, por haber aceptado la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de cancelar la personería jurídica del Movimiento Semilla, días después de que el binomio presidencial de esa agrupación política conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, pasaron a Segunda Vuelta Electoral.
Según la FECI, existen supuestas anomalías en la inscripción de Semilla en 2017, pero la CC revocó en esa ocasión la resolución del Juez Orellana, permitiendo que Arévalo y Herrera compitieran en la Segunda Vuelta Electoral Presidencial, además, el partido político solicitó a la Corte de Constitucionalidad que analice si un Juez Penal puede cancelar una agrupación política que fue constituido en base a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual es de carácter constitucional.
La resolución de la CC también requirió que en un plazo de veinticuatro horas de notificado el Tribunal Supremo Electoral, deberá remitir un listado de los Partidos Políticos que participaron en la contienda electoral, así como la dirección para notificarles; y una vez recibida la información requerida, se confiera audiencia a los referidos partidos políticos por el plazo de cinco días hábiles de notificada dicha resolución.
Luego de que el binomio de Semilla ganó la Segunda Vuelta Electoral, el ente investigador continuó la persecución en contra de dicho partido político, incluso durante un allanamiento, abrió cajas electorales, lo cual no está permitido por la Ley, situación que ha sido catalogada como una búsqueda de ejecutar un golpe de Estado y rompimiento del orden constitucional, por lo que han pedido la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.
