La Fiscal General, Consuelo Porras presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del presidente Alejandro Giammattei, en el que pide garantizar su independencia, ante críticas en su contra en redes sociales, amenazando la libertad de expresión.
«A través del uso de distintas redes sociales se ha pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y, por ende, transgredir la autonomía e independencia del MP”, señaló Porras en el amparo.
Dicha acción va dirigida contra el presidente Alejandro Giammattei, el titular de Gobernación, Napoleón Barrientos, y el Director de la Policía Nacional Civil.
Según indicó Porras, se ha violado la autonomía e independencia del MP y el ejercicio de la acción penal pública como mandato constitucional.
También mencionó las manifestaciones en su contra, convocadas y ya realizadas en las que han exigido su renuncia.
La jefa del Ministerio Público (MP), pidió a las autoridades de Gobernación y la Policía Nacional Civil formular las políticas y cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y orden público, y que adopten las medidas preventivas que les confiere la ley para garantizar el cumplimiento de la función del MP.
Las publicaciones aludidas son las realizadas en X, por Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada y Sergio Yoel Morataya, por lo que pidió que se asuman acciones para proteger sus derechos en calidad de Fiscal General, los órganos del MP, y “especialmente” del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y la fiscal de esa unidad, Cinthia Monterroso, como lo son el derecho a la vida, integridad personal, seguridad, al trabajo, a libre locomoción, libertad de acción y el derecho de propiedad de la institución.
De igual forma, solicitó que se preserve el orden público con suficientes elementos de las fuerzas de seguridad debidamente uniformados, y que se utilice la fuerza pública, en caso necesario y excepcional, cuando la reunión como tal o manifestación no sea pacífica, o si hay indicios claros de amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas proporcionadas.
Porras también pidió que se conmine al Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova y solicite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar las medidas cautelares a su favor, de Curruchiche y Monterroso.
